Cuando en la primavera del 2018 el fútbol francés celebró un récord de ingresos por sus derechos televisivos estaba lejos de imaginar el desastre que se iba a producir dos años después con la inminente retirada de la productora Mediapro. ¿De quién es la culpa? Ha comenzado la búsqueda de los responsables.
¿Codicia de los líderes de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de la época? ¿Mala fe de Mediapro en sus verdaderas intenciones? Cada observador intenta explicar cómo el fútbol francés tuvo que trazar una línea ante su faraónico contrato firmado con el grupo chino-español por más de 800 millones de euros al año.
El papel del Estado
La mecha se encendió en las altas esferas del Estado a finales de noviembre. "Avisamos a la Liga. Sabíamos que este contrato era frágil", ha explicado el presidente de la República, Emmanuel Macron, a representantes del mundo deportivo. El ministro de Educación y Deportes, Jean-Michel Blanquer, lo consideró "una forma de codicia", en BFM TV.
¿Cómo se adjudicó este contrato? En la primavera del 2018, la LFP, a través de un comité directivo que reúne a los líderes de los clubes en torno al Director General Ejecutivo, Didier Quillot, quiso alcanzar el objetivo de mil millones de euros anuales para el ciclo 2020-2024. Se convocaron a muchos actores, entre ellos el 'grupo Gafa' (Facebook, Amazon...). Los horarios de los partidos se movieron para aumentar la audiencia. El bufete de abogados Clifford Chance aseguraba los términos legales del caso.
A finales de mayo, salió el premio gordo: el concurso alcanzó los 1.217 millones de euros anuales (L1 y L2 incluidos), incluyendo más de 800 millones por parte del nuevo participante en el mercado, Mediapro. "Nadie, en ese momento, incluidos los bufetes de abogados, nos alertó sobre cualquier problema que pudiera surgir. Es fácil censurarlo ahora", insiste Sylvain Kastendeuch, copresidente del sindicato de jugadores UNFP y administrador de la Liga.
Garantías y bonificaciones
Sin embargo, pocos días después de la licitación, Mediapro sufrió un gran revés al perder los derechos del campeonato italiano por no poder presentar una garantía bancaria suficiente. "Un aval bancario de 3.200 millones de euros, que no existe y nunca ha existido", puntualiza una fuente cercana a las negociaciones en aquellos meses y que niega que el Gobierno compartiera sus temores en aquel momento.
Dos años después, algunos dirigentes de clubs no ocultan su resentimiento contra Nathalie Boy de la Tour, presidenta de la Liga entre 2016 y 2020, y Didier Quillot, a veces considerados "arribistas" o con ganas de "jugar sus propias cartas". Ninguno de los dos exlíderes han querido hablar para esta información, pero Quillot ya ha anunciado en el diario 'L'Équipe' que devolverá la bonificación recibida por el éxito de la convocatoria, estimada en 500.000 euros por el diario deportivo francés.
Otros líderes, por el contrario, se niegan a señalar a este dúo. "Todo se había hecho dentro de la legalidad (...). Cuando la gente no paga, nadie puede hacer un milagro", explicó recientemente Jean-Pierre Caillot, presidente del Reims y de la Ligue 1.
Mediapro, ¿único responsable?
Y las miradas inquisitivas se vuelven hacia Mediapro y su líder, Jaume Roures. "El único responsable es Mediapro", ha martilleado el técnico del Lille, Christophe Galtier, en los últimos días. "Tuvimos que tratar con gente muy deshonesta". Se acusa a la empresa de haber sobrevalorado el valor de la Ligue 1 con fines especulativos, en concreto para revender la totalidad o parte de los derechos. Mediapro refuta esta tesis, afirmando haber querido siempre lanzar un canal.
Desde el grupo catalán se acusa a su competidor, Canal +, de haber precipitado el desastre al actuar con un "abuso de posición dominante", concretamente en las negociaciones para la distribución de Téléfoot, que nunca tuvieron éxito, privando al Mediapro de una oportunidad de negocio. El canal cifrado y Mediapro también se han llevado mutuamente a los tribunales en este caso.
Las bases del concurso, a examen
¿Pudo el fútbol francés haber evitado el fiasco? Fuentes próximas al asunto han destacado las imperfecciones en las bases del concurso. Los criterios cuantitativos (monto propuesto) superan ampliamente los criterios cualitativos (antigüedad del actor) a la hora de elegir al difusor, por ejemplo. O la introducción de la posibilidad de sublicenciar determinados lotes, favoreciendo enfoques especulativos.
"Tenemos que hacer una auditoría para entender cómo llegamos hasta aquí y no cometer la misma estupidez en el futuro", señala Damien Comolli, presidente del Toulouse (L2).
En la Asamblea Nacional, el diputado (LREM) Cédric Roussel intervenido en múltiples ocasiones para hablar de este asunto y solicitará la apertura de una comisión de investigación parlamentaria. "No debería ser un fracaso en vano", suplica.
