El comercio minorista ya no necesitará licencia comercial

Punto y casi final: el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, presentó ayer al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de ordenación del comercio minorista, una controvertida norma que podía desencadenar una batalla competencial entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Finalmente, las autonomías que lo deseen mantendrán la última palabra en lo referente a la concesión de licencias.

PROTAGONISMO AUTONÓMICO El texto de la nueva ley cede a las comunidades autónomas todo el protagonismo en legislación comercial. Pese a que el exvicepresidente de Economía Pedro Solbes había planteado una trasposición de la directiva de servicios (o Bolkestein) que pretendía devolver la última palabra en licencias comerciales al Gobierno, finalmente se ha impuesto la opción de Industria, quien era partidario de no entrar en conflicto de competencias.

Las elecciones del País Vasco han sido la puntilla a la ley, ya que el Gobierno busca evitar una nueva guerra con las comunidades históricas, explican fuentes del sector. Así, las autonomías mantienen el poder de decisión y pueden empezar a redactar sus nuevas leyes regionales adaptadas a la directiva de servicios.

"MAYOR LIBERALIZACIÓN" La ley del Gobierno central, de acuerdo con la directiva europea, "supondrá una mayor liberalización del sector y simplificación de los trámites administrativos, incrementará la seguridad jurídica, reducirá costes para quienes deseen abrir un nuevo negocio y producirá más empleo", según explicó Industria.

Entre otros, el texto suprime la definición de gran establecimiento comercial, elimina la obligatoriedad de la licencia comercial y establece el "principio general de libre establecimiento" (aunque puntualiza que las "autoridades competentes podrán establecer un régimen de autorización" por razones de interés general, como "la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la ordenación del territorio y la conservación del patrimonio histórico y artístico"). La ley incluye una cláusula para que, en caso de sanciones de Bruselas, sean las comunidades quienes se responsabilicen de sus leyes.