La cacareada estabilidad de tareas de los funcionarios de carrera y de los empleados públicos en general tiene los días contados. O al menos esto es lo que pretende aplicar el Gobierno central con su plantilla pública, y que después espera que asuman voluntariamente otras administraciones con su personal.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció ayer la "inmediata" puesta en marcha de un plan de "evaluación del desempeño" de las tareas que realizan los empleados públicos, al que seguirá un "plan de reasignación de efectivos", desde tareas "donde hoy sobra personal a otras donde faltan".

REUBICACIÓN Beteta explicó que el objetivo de la movilidad funcional no son los despidos, sino profundizar en algo muy presente en el sector privado y que, pese a contar con el respaldo del estatuto básico del empleado público, no se ha desarrollado aún: la evaluación del desempeño. El secretario señaló que se encuentra en vigor desde el 2007, pero hasta el momento no se ha puesto en marcha, y anticipó que ahora se va a "desarrollar inmediatamente". Junto a la nula tasa de reposición de efectivos para este año, el Gobierno procederá a una "reasignación de efectivos mediante un cuidadoso y reflexivo diagnóstico para analizar dónde faltan efectivos y dónde, no".

El secretario de Estado, que participó en una jornada presupuestaria organizada por APD, explicó que, además, habrá una reducción de empleados eventuales e interinos. En la actualidad, en los tres niveles de Administración hay 2.690.099 trabajadores públicos, de los que son funcionarios el 61%; el 26% son personal laboral, y el 13% restante, personal interino y eventual (en torno a 350.000 personas).

Beteta destacó que, entre julio del 2010 y julio del 2011, la cifra de empleados públicos en España ha aumentado, a pesar de la crisis y las malas cuentas públicas. Tan solo se redujo --y levemente-- en la Administración general del Estado. El secretario destacó que se intentará reducir al máximo la presencia de todo personal que no haya entrado en cumplimiento de los principios constitucionales de mérito y capacidad que se exigen en el acceso a la función pública.