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Galicia

La última lucha obrera de A Coruña

Miles de trabajadores del metal han salido a las calles de forma masiva para reclamar mejoras en el convenio. “Estuve en la huelga de 2017, y es la primera vez que hay tanta unión”

Movilización de trabajadores del metal, esta semana, en Alfonso Molina. Víctor Echave

Salieron a la calle, este mes, por miles. Los trabajadores del metal escenificaron en cuatro jornadas de huelga, ruido y protesta un despliegue ya inusual en una época en la que resultan extrañas las demostraciones de unión en los sectores que, como este, integran disciplinas tan distintas. El metal se compone de varias piezas. De la fabricación al montaje, pasando por la transformación, el mantenimiento, la reparación y hasta la puesta en marcha de los equipos. Multitud de palos con necesidades y dinámicas de trabajo muy diferentes, pero hilvanados por un mismo convenio colectivo, que, juzgan los trabajadores, es hora de revisar. Los que marcharon estos días por las calles coruñesas no son novatos en las reivindicaciones, pero aseguran que el sentir es diferente.

“Estuve en las huelgas de 2017 y es la primera vez que veo tanta unión. En mi empresa somos ciento y pico, y salimos todos: oficinas, ingenieros, operarios. Se veía en los propios piquetes, que parecían manifestaciones”, asegura Miguel Muíños, uno de los miles de trabajadores que marcharon, esta semana, por la avenida de Alfonso Molina, tiñendo de rojo la calzada por la acción de las banderas con los estandartes de los sindicatos y camuflando el sonido del tráfico entre sus consignas.

Las principales, las que abogan por la actualización de un convenio que mantiene los mismos salarios desde 2019, cuando el precio de la vida no era, ni mucho menos, el que es hoy. “Nos mueve la carestía. Las empresas están aplicando la subida de la vida, pero nosotros seguimos con los mismos sueldos que hace tres años. Tenemos unos gastos inasumibles, nos cuesta dinero ir a trabajar”, asegura Miguel Muíño, que demuestra su parecer con un sencillo cálculo de costes versus ganancias: “Pasas de gastar 25 euros de gasoil a la semana a 50 o 60, y son cuatro semanas. Le sumas los 11 euros diarios que te vale ahora un menú del día, y sale que ir a trabajar te cuesta 500 euros del sueldo”, calcula Muíño.

La línea principal de sus reivindicaciones está clara: actualizar un convenio que juzgan “caducado” desde 2019 y evitar que se les encadene a un IPC del 3% hasta 2026, fecha que proponen las empresas y que los empleados consideran un riesgo imposible de asumir con los datos actuales que dibuja la inflación, con incrementos que rozan lo nunca visto. “No quieren trabajadores, quieren esclavos”, dice Muíño.

Un hartazgo que comparten muchos de los 16.000 trabajadores que se rigen por el convenio del metal, que sacaron músculo en cuatro jornadas de huelga que han concluido por el momento, pero que no descartan continuidad si la patronal no se sienta a negociar un acuerdo. Un horizonte que los trabajadores perciben lejano por el momento, dada la aparente falta de voluntad de las empresas del sector por alcanzar el ansiado consenso, aunque, aseguran los empleados, en la parte patronal hay algunas voces discordantes. “He hablado con trabajadores en las manifestaciones que dice que sus jefes están deseando firmar, pero que la gente que está en la mesa no cede absolutamente a nada. Ahora exigen que la jornada irregular sea el 50% y se niegan a poner la cláusula de revisión del IPC”, lamenta Roberto García, técnico de mantenimiento de la semafórica municipal, puesto que ocupa desde hace 26 años.

En su caso, sí se cumple una de las principales demandas que mueve al colectivo a movilizarse: el reconocimiento de la subrogación de las plantillas, un derecho que, de incluirse en los convenios, redundaría, defienden, en el aumento de la estabilidad de los oficios del sector, que ha tenido que pelear cada conquista. Un proceso de reivindicación continua que empieza a desgastarles. “En estos años he visto ERE, huelgas generales y huelgas por convenio. Te da la sensación de que estás pidiendo el oro y el moro, pero la realidad es que estamos cobrando el mínimo legal. Cobro 1.300 euros al mes y sin antigüedad. Hablan de moderación salarial, pero se buscan márgenes empresariales a costa de los salarios. Y, aun así, los empresarios se quejan de que no encuentran gente que quiere trabajar”, asevera García.

Los empleados señalan que, si las empresas no encuentran trabajadores, se debe esencialmente a que los salarios no se ajustan a los esfuerzos que requieren los puestos, porque trabajo, en la industria siderometalúrgica, hay. Y, aseguran quienes la integran, de sobra. Lo que hace incomprensible, a ojos de los trabajadores, que las empresas se nieguen a adecuar los sueldos a la subida generalizada del precio de la vida. “La patronal dice que no es posible subir los sueldos, que es un aumento considerable y que no se podrían mantener los puestos de trabajo. Nosotros consideramos que el sector está saneado. Tenemos más trabajo que nunca, hay una carga de trabajo enorme y se está contratando personal”, relata Jorge Pérez, empleado de una firma de fabricación de mobiliario. Para Pérez, el sentimiento es generalizado en la diversidad de empleos que integran el sector, lo que explica el amplio seguimiento que tuvieron las movilizaciones, que en sus últimas jornadas contaron con el apoyo de trabajadores venidos de varias ciudades de la provincia para hacer frente común. “El jefe nunca le va a interesar subir el salario. Buscarán el conflicto. El sector del metal ha demostrado que está unido. Más del 85% de los trabajadores nos hemos unido a la huelga. Ha habido 15 reuniones y no se ha llegado a acuerdo. Tendremos que seguir movilizándonos”, advierte Jorge Pérez.

Aunque la imagen de unidad que devuelven las calles en cada movilización supone un empujón de optimismo para los trabajadores, saben que no saldrá gratis y que cada día dedicado a la protesta tiene su peaje en la nómina. La huelga indefinida es el último recurso por las pérdidas económicas que ocasionaría para los empleados, pero es una opción que no puede deshecharse sin un acuerdo a la vista.

Un panorama ante el que piden un mayor compromiso a los compañeros que todavía no se han sumado a las marchas. Así lo indica Isabel Garea, administrativa de una empresa de electricidad que, pese a no ocupar un puesto técnico, se rige también por el mismo convenio. Estos días, ha secundado el clamor de sus compañeros a la cabeza de las manifestaciones. “Esto nos afecta a todos, pero los que damos la cara somos los que vamos a la huelga, que nos repercutirá en la nómina al final de mes. Éramos muchos, pero a 16.000 está claro que no llegábamos. Los derechos son para todos. Cuando llegas a acuerdo, los que no se movilizan son los primeros en preguntar cuándo cobramos los atrasos y cuando se aplicará el convenio”, lamenta Garea, que interpela a las propias empresas para que colaboren para resolver el conflicto laboral. “Las empresas que quieren llegar a un acuerdo deberían presionar a la mesa de negociación. Hay una parte minoritaria que no quiere dar el brazo a torcer. Esta situación no beneficia a nadie”, apremia.

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