Suscríbete El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Pesca

Bruselas rechaza paralizar el veto a la pesca de fondo y aboca a España a ir a los tribunales

Agricultura analiza ya la base jurídica del recurso ante la justicia de la UE | El comisario europeo se abre a corregir la medida a partir de 2023 si nuevos estudios lo avalan

Flota cerquera, en el puerto de O Berbés en Vigo. MARTA G. BREA

Solo un recurso judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) suspenderá la aplicación a partir del 9 de octubre del veto a la pesca de fondo que afecta a gran parte del litoral atlántico y que pone en peligro el trabajo de un millar de barcos gallegos.

La Comisión Europea de Pesca rechazó este lunes la petición de España, Francia e Irlanda para suspender la medida y debatir los datos científicos sobre el estado de los ecosistemas afectados y abocó al Gobierno español a presentar un recurso que frene cautelarmente esa prohibición. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, se mostró ayer favorable a esa decisión. Su departamento ya estudia la base jurídica del recurso.

El sector pesquero gallego recibió a mediados de mes una noticia que pone en peligro su viabilidad y que afectará a alrededor de un millar de barcos. Se trata de la aplicación del veto a la pesca de fondo en 87 áreas del atlántico para salvaguardar el ecosistema de zonas vulnerables a unas profundidades de entre 400 y 800 metros a partir del 9 de octubre, aunque el decreto abre la puerta a un veto incluso a superficies menores debido a su indefinición.

Se trata de una medida que afecta a 16.400 kilómetros cuadrados que se extienden desde el Golfo de Cádiz a toda la costa atlántica, cantábrica, el Golfo de Vizcaya y Gran Sol. Esta decisión impedirá la actividad de buena parte de la flota gallega de arrastre y de palangre, así como de artes menores. Se mantendrá esa misma actividad, sin embargo, para los buques holandeses en aguas de Reino Unido, Dinamarca o Alemania.

El ministro de Agricultura, Luis Planas (drcha), saludando ayer al comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius. O. HOSLET / EFE

España, Francia e Irlanda solicitaron abordar ayer esta cuestión en una reunión del Consejo Europeo de Pesca, que reúne a los ministros de la rama de los países miembros. El ministro español, Luis Planas, reclamó la suspensión de la medida, al igual que sus homólogos, para su “revisión inmediata” a partir de los “datos científicos actualizados” que, según su visión, revelan que los ecosistemas en que se prohibirá la pesca se encuentran en buenas condiciones y se puede seguir faenando.

Francia e Irlanda secundaron su posición para paralizar la medida hasta estudiar los datos científicos más actualizados que llegarán a Bruselas en noviembre sobre la viabilidad de la extracción en las zonas afectadas. Planas puso en duda las prisas por aplicar la medida cuando en poco más de un mes la Comisión dispondrá de esa información.

“El principio precautorio de mares y océanos me parece evidente y la comisión lo aplica. Con la misma intensidad tendría que aplicar el principio precautorio de nuestros pescadores y actividad pesquera”, expuso en su intervención.

El comisario europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius, dio un portazo a esas aspiraciones. Aseguró actuar “en base al dictamen científico” del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y acusó a los países de enviar ellos los datos utilizados al tiempo que se negó a usar la información actualizada para aparcar una decisión que castigará a un millar de barcos gallegos.

“La Comisión entiende que no haya sido bien recibido por todos los interesados, pero seguimos convencidos de que es la mejor solución posible porque se basa en el mejor asesoramiento científico disponible”, desechó el comisario la petición de paralizar la medida por parte de España, Francia e Irlanda.

Sinkevicius solo abrió la puerta corregir una medida aplicada sin aval científico, pese a sus declaraciones, a partir de 2023, pues esta prohibición “se va a revisar cada año”. El debate se iniciará en noviembre con la aportación de nuevos datos. “Si se justifica, se revisará el cierre de esas zonas [en 2023] y artes de pesca, pero puedo adelantar que no sabemos cuál va a ser ese asesoramiento”, avanzó.

Esta decisión aboca al Gobierno de España a recurrir a la justicia. Antes de participar en la reunión, Planas ya reconoció que su departamento estudia ese recurso. “Estamos en consulta con los servicios jurídicos del Estado, pero creo que hay materia para que, efectivamente, esta decisión sea recurrida ante el Tribunal de Justicia Europeo”, declaró a la prensa. “Si tenemos base, vamos a ir al Tribunal. Lo tengo decidido”, asumió. Su departamento reiteró luego la intención de presentar el recurso, pero que está “pendiente” de consultar con los servicios jurídicos.

Ante esta situación, la Xunta urgió al Gobierno central a acudir a la justicia europea. “Si se confirman las noticias que me estáis trasladando de la negativa del comisario a suspender la ejecución de este reglamento, entendemos que el ministerio tendrá que necesariamente presentar lo más rápido posible ese recurso”, sostuvo la conselleira de Pesca, Rosa Quintana, en un acto en Ribeira. “El ministro tiene todo el apoyo de las comunidades afectadas”, añadió.

El ministro de Consumo desconoce el conflicto que saltó el día 15: “Primera noticia que tengo”

“Primera noticia que tengo”. De esta forma, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, reconoció este lunes que ignoraba el conflicto abierto con la Unión Europea por el inminente veto a la pesca de fondo, que castiga no solo a Galicia, sino también al resto de flota del Cantábrico.

Garzón visitó ayer el Laboratorio Nacional de Biotoxinas Marinas de Vigo, uno de los puertos más afectados por un veto a la pesca de fondo en 87 áreas del atlántico, medida que se conoce desde el pasado día 15. Aun así, a preguntas de la prensa, reconoció desconocer el asunto por completo. “La verdad es que no tengo información suficiente para responderte porque es la primera noticia que tengo, me informaré y responderé cuando lo sepa”, respondió a la prensa.

Mientras Garzón reconocía desconocer una medida que afectará directamente al consumo de pescado en todo el Estado, la cuestión centraba parte del debate político en Galicia. La conselleira de Pesca, Rosa Quintana, alertaba del posible daño causado por Bruselas. “Tomar decisiones de “ahora lo cierro todo y dentro de 10 años vuelvo, evalúo y miro a ver lo que hay...” A lo mejor lo que hay son flotas rusas o chinas pescando donde antes pescaban flotas comunitarias”, advirtió. Por su parte, el portavoz del PPdeG, Pedro Puy, anunció una iniciativa en el pleno de hoy para buscar “consenso” político.

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, abogó por un “frente común” contra Bruselas, pero el socialista Xulio Torrado responsabilizó al PP de la decisión porque el Partido Popular Europeo dirige la Comisión de Pesca. Exigió a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, que medie ante sus compañeros de partido.

Por su parte, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, consideró este lunes que tras la decisión de la Comisión Europea hay un "interés comercial". En un comunicado, la nacionalista gallega señaló que "es evidente que tras la decisión de este veto hay un interés comercial de echar la flota gallega de determinados caladeros y de continuar con una política de importaciones de pescado de fuera".

En este sentido, cuestionó por qué el comisario no quiere evaluar el impacto socioeconómico del veto de la pesca de fondo y se pregunta si "calculó la pérdida que supone para determinadas flotas como la gallega: ¿calculó el número de trabajos en riesgo?, ¿calculó a qué comunidades pesqueras afecta?".

Compartir el artículo

stats