El Gobierno aplaza a enero la subida del salario mínimo ante la falta de acuerdo con patronal y sindicatos

Tres millones de trabajadores en España -y los empleadores que les pagan la nómina- deberán esprerar unas semanas más para conocer cuánto subirá su sueldo a partir del año que viene: el salario mínimo interprofesional (SMI). La falta de acuerdo en el seno del diálogo social, con una patronal que considera excesiva la propuesta del Ministerio de Trabajo de revalorizar esta referencia un 4% y unos sindicatos que la tildan de insuficiente, obliga al Gobierno a aplazar a enero su decisión final.

Fuentes consultadas por este medio del Ministerio de Trabajo confirman que este miércoles el Consejo de Ministros, el último de 2023, no evaluará decreto alguno en relación al SMI. Y a partir del 1 de enero seguirá, transitoriamente, en los 1.080 euros brutos (en 14 pagas). Las diferencias dentro del propio Ejecutivo también complican consensuar una revalorización que no cuenta previamente con el beneplácito de los agentes sociales.

Los empresarios -con el apoyo de las centrales- han reclamado al Gobierno que compense la subida del salario mínimo en las contratas públicas, ya que en parte de las mismas este sueldo es bastante habitual y un aumento del 4% provoca un incremento sustantivo de la masa salarial necesaria para dar cumplimiento al contrato, cuya adjudicación sigue siendo la misma.

Trabajo ha manifestado públicamente su intención de estudiar revisiones puntuales en aquellas contratas públicas especialmente afectadas, si bien es una competencia propia del Ministerio de Hacienda. Y ahí su titular, María Jesús Montero, cerró la puerta hace unos días a dicha posibilidad. "La subida del SMI no puede ser a costa de la recaudación del conjunto de los españoles", declaró tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Si bien desde Trabajo matizan que Montero se refería a una desindexación generalizada de los contratos públicos y que ellos plantean revisiones puntuales y nunca generalizadas. No obstante, de momento no han logrado desatascar la negociación y tampoco están agendadas por el momento nuevas reuniones con patronal y sindicatos para avanzar en la cifra final.

Pendientes de si hará falta 'paguilla'

Por ello, la decisión final sobre el salario mínimo queda aplazada, como pronto, hasta el mes de enero. La intención del Ministerio de Trabajo es acabar aprobando un real decreto con efectos retroactivos, la misma metodología que ha aplicado en años anteriores cuando no ha sido posible alcanzar un acuerdo y plasmarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre.

Dependiendo de la tardanza en el verdedicto final las empresas que abonan el salario mínimo a sus empleados (unos tres millones en toda España y concretamente 250.000 en Catalunya) tendrán margen para incorporar la revalorización en la misma nómina de enero o se verán obligadas a hacerlo ya en la de febrero y abonar una 'paguilla' en compensación a ese mes de retraso forzado.

Empleadas del hogar, peones agrícolas, repartidores o camareras de piso son algunas de las profesiones donde el salario mínimo es muy frecuente o directamente la norma.

Negociaciones complicadas

En los últimos cinco años el Gobierno no ha aprobado la revalorización del salario mínimo antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior. La última vez que cumplió con dicha costumbre fue en 2018, cuando el Ejecutivo, entonces monocolor del PSOE, aprobó en su Consejo de Ministros celebrado de manera extraordinaria en Barcelona el incremento del SMI.

Desde entonces y por distintos motivos, las revalorizaciones se han acabado concretando ya entrado enero o incluso en febrero, como la del año pasado. Que este suelo salarial haya subido casi un 50% en esos últimos cinco años ha complicado alcanzar acuerdos con la patronal para ello, lo que ha alimentado a su vez la disensión dentro de la coalición y ha dificultado más la ejecución final en el BOE. Los desencuentros entre la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, han sido una constante durante los últimos años.

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