El PP no cesa de poner palos en las ruedas en el proceso de tramitación del Estatuto catalán. Ayer, cuando la Junta de Portavoces del Congreso confirmó que la reforma estatutaria echará a andar en el Congreso el 2 de noviembre, el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, anunció que su partido no sólo recurrirá de inmediato en amparo ante el Tribunal Constitucional, sino que presentará otro recurso cuando se apruebe en el 2006.

Los conservadores recurrieron ante la Junta contra la aceptación a trámite aprobada por la Mesa del Congreso la semana pasada, en consecuencia con su tesis de que se trata de una reforma constitucional encubierta. Y también lo hicieron contra la negativa a pedir informes previos al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal de Cuentas. Entonces todos los grupos se opusieron a las demandas del PP y estimaron que buscaba retrasar el debate.

Este rechazo general llevó a Zaplana a informar de la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los portavoces del resto de grupos le animaron a hacerlo cuanto antes para que se demuestre que los conservadores no tienen razón y se queden sin discurso.

PRECEDENTE Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz parlamentario del PSOE, retó al PP a presentar el recurso ayer mismo para que, antes del 2 de noviembre, responda el tribunal, como ya hizo con el recurso que presentaron hace nueve meses los diputados de PNV y EA contra el tipo de tramitación del plan Ibarretxe y que éste tuviera que pasar por el pleno y no se discutiera entre la Cámara vasca y el Congreso. Entonces, el Constitucional sentenció que el Parlamento puede debatirlo todo.

El tribunal también dejó sentado entonces que la Mesa del Congreso no puede decidir si un proyecto es o no constitucional, tal y como pretendía el PP. Debe limitarse a establecer si se presenta reglamentariamente, que es el caso del Estatuto catalán.

Zaplana acusó ayer al PSOE de no rechazar el Estatuto, como hizo con el plan Ibarretxe, aunque hay "muchos paralelismos". Y entregó un dosier con las "25 similitudes esenciales" en el que se denuncia que ambos proyectos definen a España como Estado plurinacional, se consideran "nación", sólo reconocen la legitimidad de sus pueblos, aluden al derecho de autodeterminación y rompen la unidad de mercado y la caja única de la Seguridad Social. También criticó que los diputados catalanes sean los únicos que hablen el día 2 por la mañana, lo que tildó de "intento de dar solemnidad al acto".