La Comisión Europea envió ayer al Gobierno un dictamen motivado, el último paso antes de recurrir a presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que suprima la exención del pago del IVA de la que disfruta la Iglesia católica en España. Bruselas ha dado un plazo de dos meses al Gobierno para responder y resolver este contencioso, que se arrastra desde 1989.
El Gobierno español mantiene todavía en vigor el acuerdo de asuntos económicos con la Santa Sede firmado en 1979, por el que aplica la exención en el pago del IVA a las adquisiciones de objetos, bienes o derechos destinados al culto, al igual que del pago de los impuestos de sucesiones o donaciones y transmisiones patrimoniales por los mismos conceptos. Este privilegio fiscal, exclusivo de la Iglesia, fue ratificado por una orden de 1988 que sigue hoy vigente.
ABIERTOS AL DIÁLOGO Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguraron que la jerarquía católica está dispuesta al diálogo con el Gobierno sobre esta materia. Precisaron que las exenciones afectan a la adquisición de bienes inmuebles (templos y casas de espiritualidad) y "objetos específicos" para el culto, que van desde bancos a velas, pasando por cálices, casullas e imágenes de santos.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció que el Gobierno tratará de "encontrar una fórmula" en el 2006, año en que vence la prórroga del actual sistema de financiación de la Iglesia. "Aunque este asunto es competencia del Ministerio de Economía y Hacienda, están sentadas las coordenadas para que, dialogando, podamos encontrar entre todos una solución adecuada", subrayó López Aguilar. No obstante, fuentes del departamento de Justicia que él preside recordaron que el Gobierno no prevé en ningún caso modificar los acuerdos con la Santa Sede durante esta legislatura.
Un portavoz del Ministerio de Economía y Hacienda se limitó a comentar que el Ejecutivo analizará la petición de la Comisión Europea. "El Gobierno ya conocía el asunto y presentó algunas alegaciones. Cuando estudiemos el informe se tomará la decisión pertinente", aseguró la vicepresidenta el Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
El Gobierno sostiene que el acuerdo firmado con la Santa Sede en 1979 "le obliga a aplicar una exención del IVA a determinadas entregas de bienes con destino a la Iglesia católica", mientras que la Comisión Europea considera que esta medida "no está autorizada" por la legislación comunitaria.
CONVERSACIONES SIN ÉXITO Durante las conversaciones con el Gobierno español, la Comisión Europea ha señalado la obligación de que modifique esa situación para que sea conforme a las normas comunitarias y, al mismo tiempo, le ha indicado que puede ofrecer "otro tipo de concesiones fiscales a la Iglesia". "Pero el Gobierno español, por el momento, no lo ha aceptado", aseguró una portavoz de la Comisión Europea.
Esta sustitución de las concesiones fiscales a la Iglesia, según la portavoz, fue utilizada por Portugal hace unos años cuando se lo pidió la Comisión Europea. Allí, la Iglesia paga el impuesto del IVA y el Estado le reembolsa después el pago del tributo.
OTRAS COMPLICACIONES La Comisión Europea también denuncia que la actual normativa española crea otros problemas adicionales, como por ejemplo que los empresarios o profesionales que entregan bienes a la Iglesia (y que, por tanto, aplican la exención) no pueden deducirse el IVA pagado por los bienes y servicios utilizados para la realización de estas operaciones, lo que también vulnera las directivas comunitarias.
