Conflicto sin precedentes entre el Gobierno vasco y la justicia. Horas antes de que Juan José Ibarretxe comparezca hoy como imputado ante el juez por sus reuniones con la ilegalizada Batasuna, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) condenó ayer, con inusual contundencia y una unanimidad casi inédita, la manifestación en favor del lehendakari organizada el lunes en Bilbao por el PNV y sus socios del Ejecutivo de Vitoria. El órgano de gobierno de la judicatura exigió "el cese inmediato de campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces".

A través de su comisión permanente, el Poder Judicial, cuyo mandato expiró en noviembre y que actúa en funciones por la negativa del PP a renovarlo, logró por una vez lo que apenas había conseguido hasta ahora: el acuerdo entre los vocales conservadores --mayoritarios-- y los progresistas. Y lo hizo para arropar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), responsable de que, por vez primera en España, un mandatario autonómico en ejercicio comparezca hoy ante los tribunales.

La amenaza etarraDenuncia el CGPJ que la marcha pro-Ibarretxe del lunes intentaba lograr, "a través de la presión política y al margen de los cauces legales", el "sobreseimiento" de la causa abierta contra el lehendakari. También recuerda que los jueces han sufrido en Euskadi una situación de "acoso y peligro físico real" por la amenaza de ETA, lo que "hace especialmente rechazables los actos que puedan agravarla".

Sobre la imputación de Ibarretxe, el CGPJ sentencia que la apertura de un procedimiento contra un responsable político no puede entenderse como "una agresión externa e ilegítima", sino como "la más justa y democrática expresión de la igualdad de todos ante la ley".

El Gobierno de Vitoria replicó al Poder Judicial que el lehendakari "no es un ciudadano más". "No se puede pretender juzgar sus actuaciones como si no ejerciera una alta representación y una máxima responsabilidad", sostiene el Ejecutivo vasco, convencido de que, en la causa contra Ibarretxe, el TSJPV no ha respetado "el principio in dubio pro reo", comúnmente conocido como la presunción de inocencia.

Antes de esta guerra de notas, José Luis Rodríguez Zapatero terció en la polémica en una rueda de prensa junto al presidente mexicano, Felipe Calderón. El presidente negó que peligre la independencia judicial porque "está garantizada" por la Constitución, que también reconoce "la libertad de expresión y de crítica" del PNV y sus aliados.

"Todo lo que sea el respeto a las decisiones judiciales es una buena manera de contribuir a un funcionamiento adecuado del Estado de derecho", sentenció, recordando que esa es una "regla de comportamiento" que el Gobierno mantiene "con fidelidad y constancia notables".

Zapatero evitó apoyar los contactos de Ibarretxe con Batasuna y eludió el choque con el PP, que le ha acusado de ser cómplice de la "presión a los jueces" que según él supuso la marcha del lunes. Porque, apuntó, está "concentrado" en recobrar la unidad democrática para erradicar el terrorismo, y no responderá al PP: "No nos encontrarán en otra, y no nos cansaremos. Antes se cansarán los que quieren la polémica y la confrontación".