La investigación de la presunta trama de corrupción vinculada a Iñaki Urdangarín acredita la existencia de una "concertación fraudulenta" urdida por el duque de Palma y su socio en la Fundación Nóos, Diego Torres, para el desvío de fondos públicos concedidos para la organización de foros en Baleares y Valencia.

Así lo indica la Fiscalía Anticorrupción, que explica también la mecánica utilizada: se hacía servir a Nóos como asociación sin ánimo de lucro para captar fondos públicos y privados que, después, eran transferidos a una maraña de sociedades vinculadas, con la "concurrencia de un ánimo desmedido de lucro". Todo ello vulnerando "consciente y flagrantemente" los principios básicos de la contratación pública y con el apoyo de la inactividad "dolosa" de los responsables políticos, al menos de Baleares, para el control y seguimiento de los convenios de colaboración.

Siguiendo ese modus operandi, las sociedades participadas por el yerno del Rey percibieron de Nóos 2,8 millones de euros desde el 2004 al 2006, según figura en las diligencias que instruye el juez José Castro. Las empresas a las que se transfirió esa cantidad son Nóos Consultoria Estratégica (2,13 millones), en cuyo accionariado está Torres, y Aizoon (747.889 euros), la patrimonial de Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina. Para realizar esas operaciones se utilizaron facturas presuntamente ficticias. Nóos Consultoría compró en el 2003 inmuebles en Palma por valor de 618.460 euros.

SOBRECOSTE EXCESIVO El Instituto Nóos percibió, entre los años 2004 y 2007, 5.508.533 euros de organismos públicos de Baleares y Valencia. De empresas privadas ingresó otros 4,4 millones. Urdangarín y Torres, en las mismas fechas y a través de varias compañías de las que ambos son propietarios, cobraron en total de la entidad 5,8 millones.

De la investigación se desprende que resulta "indiciario" de la presunta malversación de fondos públicos el hecho de que, sobre un coste real del primer congreso de Baleares del 2005 --446.057 euros--, el duque y su socio se beneficiaran por la organización, dirección y logística del mismo de 261.000 euros, aproximadamente el 60%. Y más si se tiene en cuenta que el Ejecutivo de Jaume Matas, del PP, aportó finalmente 1,2 millones. Por lo tanto, el Instituto Nóos percibió 753.942 euros, o sea, casi el 170% del coste real.

En el segundo foro, celebrado al año siguiente en las islas y al que el Gobierno balear aportó 1,1 millones, la proporción fue del 135%. Las investigadores calculan que el dinero desviado en Baleares es de 1,3 millones.

La operación es simple. Nóos fijaba unos precios "totalmente desproporcionados" por servicios prestados a la Administración. La fiscalía incide en que tras recibir los fondos se "simulaba" por parte de dicha entidad la contratación de servicios ficticios a las empresas del entramado o "presumiblemente facturados por importe superior" a la labor encomendada. Así, el dinero acababa "en manos" de sociedades de Torres y Urdangarín.

Los investigadores insisten en que las facturas que fueron remitidas por el primero de ellos al juzgado para justificar los movimientos económicos son irregulares. Entre ellas hay algunas emitidas meses antes de las firma del convenio de colaboración con el Gobierno balear (17 de julio del 2005). Hasta nueve meses antes. Otras corresponden al congreso que se celebró en Valencia (el Valencia Summit).

La mezcla de facturas de diferentes actos organizados por Nóos aparece reflejada en la causa, así como el cruce de recibos entre varias sociedades del entramado. Como ejemplo, el Ejecutivo de Matas pagó 460.000 euros por el desarrollo del Observatorio Permanente de Turismo y Deporte --que nunca funcionó-- y por un plan estratégico que acabó reducido a una recopilación de datos estadísticos.

CONTRATO EXTRAÑO En las diligencias figura un gasto del Instituto Nóos sorprendente. Es el caso que protagoniza una mujer (G. G. N.) que, si bien cobraba la nómina de esta entidad sin ánimo de lucro, trabajó para la Consejería de Salud de la Generalitat catalana. Esta persona declaró ante la policía que fue contratada en noviembre del 2005, en base a un convenio firmado con el Ejecutivo de Cataluña, para llevar a cabo trabajos administrativos en la unidad del Plan Director de Inmigración y Cooperación. Así, su puesto de trabajo estuvo dos meses en la consejería. Su única relación con Nóos fue la firma del contrato. De hecho, desconocía por completo la labor de dicha entidad.