La falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , que se prolonga ya más de tres años, han dejado al Tribunal Supremo en una situación límite por la imposibilidad de cubrir vacantes como consecuencia de la reforma legal que impide a este órgano realizar nombramientos discreccionales. Pero el alto tribunal ya no puede más y ha decidido mover ficha este lunes para poder hacer frente a una situación que será de colapso ante el alud de recursos que se esperan en las próximas fechas por las medidas frente al covid.

La Sala de Gobierno del alto tribunal, según ha informado este mismo lunes, espera la entrada de miles de recursos contra decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros en relación con reclamaciones indemnizatorias en concepto de responsabilidad patrimonial. Estas reclamaciones fueron presentadas por ciudadanos y profesionales que dicen haber sufrido daños indemnizables por este cauce, debido de la aplicación de medidas incluidas en las normas aprobadas para hacer frente a la pandemia.

También para hacer frente a estos litigios se solicitará al Ministerio de Justicia que se dote una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Además, este lunes también se ha aprobado la propuesta del presidente de la Sala Tercera (de lo Contencioso) César Tolosa, para la reorganización de sus secciones ante las vacantes existentes.

Situación límite

De este modo, y de forma oficial, el Supremo constata la situación límite en que se encuentra esta Sala, que a partir del próximo mes de abril, con las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, contará con sólo 25 magistrados (normalmente son unos 30), lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados.

Por ello, se ha aprobado reforzar las dos secciones que, tras dichas jubilaciones, quedarán con sólo cuatro integrantes (la Segunda y la Quinta) con un magistrado cada una, que saldrán de las dos secciones que cuentan con seis magistrados (la Tercera y la Cuarta).

Además, para mitigar la extraordinaria carga de trabajo que ha comenzado a detectarse en la Sala, se ha acordado proponer una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta más rápida y eficaz a esa litigiosidad masiva, así como medidas específicas y temporales para afrontar esa situación

Peticiones a Llop

En relación a la reforma legislativa, que se elevará al Ministerio de Justicia a través del Consejo General del Poder Judicial, se propone modificar el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto. La finalidad sería evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contradictorias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica.

Un segundo aspecto de la reforma propuesta afecta a la labor de la Sección de Admisión de recursos (artículo 94 de la misma Ley) que, cuando detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros.

 La Sala de Gobierno entiende que sería un mecanismo similar a la tramitación de los denominados ‘procedimientos testigos’, que permitirá dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión y de hecho evite que la admisión, tramitación y resolución de esos recursos ‘colapse’ el Tribunal Supremo.

Sala de lo Social

Asimismo, se propone un plan específico para la Sección Cuarta (de lo Social) ya que, al margen de las reclamaciones patrimoniales por medidas COVID, acumula 348 asuntos repetitivos en tres clases de recursos: reclamación de retribuciones por parte de funcionarios docentes de la comunidad de Madrid (211), reclamación reconocimiento condición personal estatutario no fijo (72) y reconocimiento de la carrera horizontal de interinos en servicio de salud de Castilla-La Mancha (65).

En la próxima reunión de la Sala de Gobierno se valorará la situación general del tribunal y en concreto de las restantes salas, para proponer nuevas medidas si la paralización institucional sigue manteniéndose, como parece probable.