La "Operación Cataluña" no ha surgido ahora. Se supo de ella por primera vez en 2015, gracias a la investigación que abrió Asuntos Internos contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo en relación al caso del Pequeño Nicolás. Por eso, los escritos de defensa del caso Pujol ya la mencionan. No obstante, las novedades que se están produciendo estos días, con nuevos audios o el conocimiento detallado de las anotaciones del principal imputado de las cloacas policiales, hará que sus abogados se planteen solicitar la incorporación al procedimiento de aquellas pruebas que no se conocían y el testimonio de sus protagonistas, informaron a este diario fuentes jurídicas.

Eso puede incluir al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, después de oírle reunido con Villarejo en 'El País' y el digital 'Fuentes informadas'. El propio Villarejo y los demás policías implicados en la "Operación Cataluña" ya habían sido propuestos como testigos, como el exresponsable de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas o el ex número dos de la Policía Eugenio Pino, primer condenado de las cloacas policiales por tratar de introducir un 'pendrive' de origen dudoso en el propio caso Pujol.

Al empezar el juicio

Al comienzo del juicio, en cuestiones previas, es el único momento en el que las partes pueden plantear la inclusión de nuevas pruebas, por lo que será en ese momento cuando soliciten la inclusión de los testimonios que no aparecían originalmente en los escritos de defensa, presentados en octubre del año pasado, y que consideren relevantes.

Tanto el de Jordi Pujol Ferrusola, como el del resto de su familia, comenzaban con la "Operación Cataluña": "La presente causa encuentra origen e impulso en la iniciativa al margen de toda legalidad procesal y control judicial protagonizada por un grupo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que auspiciaron y activaron relato de denuncia enfilada a la incoación de la misma", en referencia a la interpuesta por Victoria Álvarez, expareja del primogénito del matrimonio Pujol-Ferrusola. Su declaración y la de la expresidenta del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho fue ya solicitada por la exesposa de Jordi Pujol júnior, Mercé Gironés.

Entre los testigos ya propuestos figuran Villarejo, su socio, Rafael Redondo, Pino y Martín-Blas, pero también Bonifacio Diez Sevillano, inspector jefe adjunto a la Dirección Adjunta Operativa con destino en Andorra, y Celestino Barroso, agregado de seguridad en la Embajada de España en Andorra", de los que los escritos dicen que "desplegaron una operativa de acoso coactivo sobre la propiedad y ejecutivos y empleados de la Banca Privada d’Andorra (BPA) a fin de quebrar su voluntad y deberes profesionales y obtener de ellos información acerca de la familia Pujol Ferrusola".

Por el pantallazo

Añade que consiguieron sus fines a través de "una copia de un pantallazo que sería filtrado a 'El Mundo' el 7.7.2014 en el que aparecían los movimientos de cuentas del traspaso/ingreso inicial desde Andbank a BPA por distintos miembros de la familia" del expresidente de la Generalitat. El día 25 de ese mismo Jordi Pujol emitió un comunicado en el que admite la existencia de "un legado de su padre a favor de su esposa e hijos ubicado en el extranjero".

Los escritos de defensa también recuerdan que "esa actividad exorbitante e ilegal ha dado lugar a dos procedimientos criminales en el Principado de Andorra", uno por revelación de secretos bancarios y otro por coacciones y amenazas, en el que aparecen como querellados, entre otras personas, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz.