El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, no prevé introducir más cambios en la ley de Memoria Democrática para lo que queda de tramitación parlamentaria, ya que considera que la redacción actual de la norma es "muy buena" y que cumple con los objetivos planteados por el Gobierno.

La Comisión Constitucional del Congreso aprobó el pasado lunes el dictamen de la ley de Memoria Democrática, que será sometida a votación en el pleno de la Cámara Baja del próximo 14 de julio y a continuación pasará al Senado para su aprobación definitiva en septiembre.

Aunque el Gobierno ya ha pactado más de una veintena de enmiendas transaccionales con los grupos, todavía hay posibilidad de introducir más cambios en lo que queda de tramitación parlamentaria, aunque el PSOE aboga por mantener el texto como está en la actualidad. "Consideramos que ahora mismo la ley cumple con el cuerpo legislativo. Tiene una redacción que consideramos óptima y muy buena", ha dicho en una rueda de prensa el portavoz socialista preguntado sobre si están dispuestos a introducir los cambios que reclaman grupos como ERC, que considera que la ley es insuficiente.

Gómez ha comentado que están dispuestos a seguir hablando con los grupos y a atender sus "sensibilidades", pero ha recalcado que ya ha habido unos trabajos previos con la ley durante la fase de la ponencia y la comisión. "Y ahora, ya en este punto, sin cerrar la puerta de la apertura a hablar, entendemos que ya hemos dado pasos notables para que sea una realidad", ha añadido.

En su opinión, la ley recoge los objetivos planteados inicialmente por el Gobierno, centrados en la reparación de las víctimas del franquismo, y ha lamentado las declaraciones de determinados grupos que "pueden llevar a confusión" y que "utilizan el terrorismo como arma arrojadiza política", en alusión al PP, Vox y Ciudadanos. "El punto uno es leer la ley, eso tienen que hacer para trasladar a la opinión pública un mensaje claro. A partir de ahí les puedes gustar más o menos", ha señalado.

Los partidos de derecha son especialmente críticos con el pacto suscrito con EH Bildu, que permitió al Gobierno salvar la ley al contar con la mayoría suficiente para su aprobación. También han criticado la enmienda acordada entre el Gobierno, EH Bildu y Más País para que una comisión estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia".

Este margen temporal incluye los primeros años de la democracia, con el Gobierno de Felipe González y el inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha incidido en que ningún demócrata puede asumir que Bildu sea quien "reescriba el relato de la Transición", justo cuando la sociedad recuerda el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA, hace ahora 25 años. "No pasa la prueba del algodón de lo que es memoria democrática", ha sostenido Gamarra, que ha comentado que no imaginaban que el "sanchismo" fuera a llevar la Transición hasta el 31 de diciembre de 1983, porque supone cuestionar a una parte del PSOE.

En la misma línea, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado que el "brazo político" de ETA "reescribe la historia oficial gracias al PSOE". "Es una auténtica vergüenza que quienes han dejado un reguero de sangre en la historia contemporánea reciente aparezcan como custodios de la memoria democrática", ha apuntado el portavoz de Vox, que no descarta llevar la ley de memoria al Tribunal Constitucional si ven un "resquicio" para hacerlo.

Además de EH Bildu, apoyan la ley de memoria otros socios del Gobierno como PNV, PdeCAT o Más País, cuyo líder, Íñigo Errejón, ha indicado que es una norma "sobre el futuro, no sobre el pasado" y se ha mostrado "orgulloso" de que reconozca derechos a los que "lucharon por la libertad".

Aunque en la Comisión Constitucional ERC se abstuvo en la votación del dictamen, aún no ha decidido el sentido del voto para el pleno del 14 de julio, en el que esperan introducir más cambios, como la reforma de la Ley de Amnistía de 1977 o una "reparación efectiva" de las víctimas del franquismo, con plazos concretos y un presupuesto para las indemnizaciones. "Vamos a acabar de apretar para ver si es posible cerrar esa puerta", ha dicho la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Carolina Telechea.