El Gobierno considera que ha cumplido su objetivo, que ha dejado claro que el real decreto ley de ahorro y eficiencia energética no se toca, que ha puesto "contra las cuerdas" a Alberto Núñez Feijóo y que se le ha visto prácticamente rendido ante Isabel Díaz Ayuso. Pero para el Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco ha sido óptima la última semana. Al final, se ha visto enredado en una batalla política que no ha salido de los medios de comunicación y de la conversación pública y tuvo que rectificar sus planes iniciales ante las dimensiones del incendio o ante, según la versión oficial, la "amenaza de boicot" de la Comunidad de Madrid.

El resultado del último capítulo del pulso librado entre el Gobierno y, básicamente (aunque no solo) el PP se podía dar por descontado incluso horas, días antes. Porque nunca estuvo en la mente del Gobierno cambiar una coma del real decreto ley 14/2022, el que desde este miércoles, 10 de agosto, impone el ajuste de los termostatos en los espacios públicos y el apagado de los escaparates y de los edificios públicos desocupados a las 22 horas.

Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia (las cinco comunidades gobernadas por el PP) piden la retirada del decreto y Catalunya reclama aplazarlo. Ribera se niega

Por eso la Conferencia Sectorial de Energía, Turismo y Comercio convocada para este lunes con los consejeros autonómicos y la Federación Española de Municipios y Provincias, y presidida por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, se saldó con el rechazo a cualquier tipo de modificación. Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia —las cinco comunidades gobernadas por el PP— pidieron la retirada del decreto. Algo, en sí mismo, imposible, porque la norma está publicada en el BOE, está en vigor y tiene fuerza de ley. "El decreto aprobado es el que es, no hay modificaciones", solemnizaba la vicepresidenta.

Cataluña reclamaba aplazar la aplicación del texto, pero "su preocupación no era tanto por el fondo, sino como por acompañar a aquellos sectores que no han tomado medidas adecuadas todavía", según resumió a su término Ribera. Tampoco se pospondrá nada: la obligación para el comercio y la hostelería arrancará, pues, en horas. Transición, no obstante, sí fijó la fecha del 31 de agosto para que las CCAA manden sus propuestas de ahorro energético de cara al plan de contingencia que España deberá elevar a Bruselas en septiembre.

La Comunidad de Madrid, la que primero emprendió la guerra —otra vez— contra el Ejecutivo, en la misma noche de aprobación del decreto, el pasado 1 de agosto, fue también la primera (y por ahora la única) que este lunes confirmó que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional, dada la "cerrazón" de la Moncloa, su "no rectificación" y la invasión de competencias "propias" de la región. El anuncio se solapaba con las palabras de Sánchez desde Lanzarote: el presidente pedía "unidad, responsabilidad y solidaridad" al PP, aunque ya adelantaba que el esfuerzo sería baldío, que predicaba "en el desierto", ya que el PP de Feijóo continúa militando en el "bloqueo", en la oposición "destructiva y negacionista".

No hubo "improvisación"

El líder socialista no lo decía explícitamente, pero sí daba a entender que no cederá ante otra exigencia de Feijóo y de los consejeros populares: no convocará una Conferencia de Presidentes. Alegó que había habido un diálogo previo con las comunidades y con los agentes privados y que poco antes había concluido la reunión de la Sectorial, que había durado más de tres horas. Fuentes de la Moncloa y de Transición señalaban que en ningún caso se trasladó en la cita que pueda haber una próxima cumbre de presidentes. Es más, los consejeros, a puerta cerrada, no lo demandaron, siempre según estas mismas fuentes.

El Ejecutivo se ha visto obligado a salir al paso de las críticas y de la "amenaza de boicot" por parte de Ayuso, que el primer día amagó con incumplir el decreto, aunque su Gobierno enseguida reculó

Para Ribera, que el PP subiera el tono en días sucesivos, hasta llegar a reclamar la Conferencia de Presidentes —con Mariano Rajoy en el poder solo se celebraron dos, en 2012 y 2017, por las 20 que tuvieron lugar desde 2020, 14 de ellas durante el primer estado de alarma—, no "ayuda a tranquilizar nada" ni a "facilitar nada". La vicepresidenta acusaba así al PP de buscar la confrontación. Ella también intentó sacudirse del señalamiento por "improvisación". "Improvisa", dijo, quien habla del decreto antes de leérselo —iba por Ayuso, la que prendió la mecha—, o quien "desconoce" la normativa laboral —el texto remite al decreto de 1997 que ya diferencia entre trabajos sedentarios y ligeros a la hora de calcular la temperatura interior— o el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), ya que desde 2009 los locales que no utilizaban energía renovable para su climatización tenían que disponer de un sistema de cierre de puertas.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de agosto por la tarde el polémico decreto ley, del que dio cuenta, en rueda de prensa a partir de las nueve de la noche, la propia Ribera. Ayuso se apresuró a proclamar por Twitter, apenas dos horas más tarde, el "Madrid no se apaga", alentando una especie de insumisión por unas horas, porque al día siguiente su vicepresidente regional, Enrique Ossorio, aseguraba que el Ejecutivo cumpliría la norma. Claro que él mismo denunciaba dos días más tarde, el jueves 4, los fallos "garrafales" de la normativa y llamaba a los comercios a mantener apagados sus escaparates diez segundos, porque eso bastaba para "cumplir" con ella.

"Lo hemos conseguido"

Ayuso, sin moverse de su lugar de vacaciones ni hablar ante las cámaras, fue por delante, llevaba la voz cantante, pero ni la dirección nacional del PP ni el resto de comunidades gobernadas por los conservadores la desautorizaron. Ni mucho menos. Denunciaron la "improvisación", la falta de "diálogo" del Gobierno, la imposición de medidas. Feijóo, este domingo, acabó pidiendo la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Las quejas, no obstante, no vinieron solo de las filas populares. El Gobierno vasco lamentó el "efectismo" de las medidas del Ejecutivo, aunque luego el lendakari, Iñigo Urkullu, echó el freno y garantizó que el decreto se cumpliría en Euskadi, aunque criticaba el método de Sánchez, que no hubiera tenido en cuenta a las autonomías.

El Gobierno celebra haber "tomado la iniciativa" con la Sectorial y haber logrado que las CCAA se comprometan a mandar sus propuestas para el plan de contingencia

Tras las críticas, el Gobierno se movió. El viernes, Ribera salió a aclarar dudas sobre la normativa (por ejemplo, que bares y comercios podrán tener la temperatura en el entorno de los 25 grados, a ser trabajos ligeros), y después convocó para el 9 de agosto una reunión a nivel técnico con las comunidades. La queja del PP no se apagó, tampoco el enredo político. La Moncloa rectificó: canceló esa cita del martes y fijó para este lunes un encuentro de mayor rango, político, de Ribera, Maroto (y la secretaria de Energía, Sara Aagesen) con consejeros y la FEMP. "Se convoca la Sectorial para frenar un boicot. Y lo hemos conseguido —subrayaban este 8 de agosto en Transición—, porque ninguna comunidad ha dicho que vaya a incumplir el decreto, y en cambio los gobiernos se han comprometido a hacernos llegar propuestas para el plan de contingencia". "Con la Sectorial, tomamos la iniciativa política, que se atreviera el PP a decir que no iba a cumplir", abundaban en el equipo de Sánchez.

El Ejecutivo quiere poner el foco en Feijóo, en su "falta de liderazgo" ante Ayuso, en palabras de la vicesecretaria general socialista y titular de Hacienda, María Jesús Montero, desde Algeciras (Cádiz). "Cada día es más evidente que en el PP cambian de presidente, pero quien marca su línea es Ayuso. Y siempre es una línea negacionista, insolidaria y egoísta", denunciaba en Twitter la ministra de Educación y nueva portavoz del PSOE, Pilar Alegría. En definitiva, el Ejecutivo concluye que el desgaste "se lo lleva el PP".

No se explicaron las medidas

En la Moncloa se felicitan de haber puesto "contra las cuerdas" al líder del PP, del que destacan también su "falta de conocimiento" técnico y auguran que este choque acabará "perjudicando" a Ayuso, porque la ciudadanía ha asumido medidas de "sentido común" cuando sigue la guerra en Ucrania y la amenaza de corte de suministro del gas por parte de Vladímir Putin está más presente que nunca. La presidente madrileña, continúan fuentes gubernamentales, "quiere hacer de esto una guerra cultural con una estrategia trumpista y obstruccionista". "Y mira cómo acabó Trump —avisan—. No puedes llamar a la gente a la rebelión contra las normas. Y si una Administración hace eso, el Gobierno tiene la obligación de hacer todo lo que esté en su mano para evitarlo".

"Creían que con la reunión [de este lunes] tomábamos la iniciativa y todo el mundo lo ha interpretado como una rectificación", observa un alto cargo de la dirección socialista

Sin embargo, no a todos en la cúpula convence esta lectura más triunfalista. "Hay quien calcula muy mal —apunta un miembro de la dirección socialista—. Creían que con la reunión [de este lunes] tomábamos la iniciativa y todo el mundo lo ha interpretado como una rectificación". Porque además al Ejecutivo le va a costar rebatir la acusación de falta de diálogo, la crítica más común y quizá la que más pesa. Transición recuerda que Ribera se reunió dos veces con los portavoces, antes (19 de julio) y después (27 de julio) del acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Energía en Bruselas (26 de julio), en el que la vicepresidenta "se dejó la piel" para que el tijeretazo no fuera del 15% sugerido por la Comisión, sino del 7%. También despachó por videoconferencia el jueves 28 con los consejeros de Medio Ambiente y Energía. No recibió propuestas de las autonomías, argumentan.

Pero en esos encuentros la vicepresidenta no adelantó la concreción de las medidas porque "no estaban elaboradas todavía". "Se les explicó la filosofía, no los detalles porque ni siquiera existían", justifican. El Gobierno tuvo que actuar rápido, ya que el compromiso de reducción del consumo energético comprometido con Bruselas "cuenta desde el 1 de agosto". Este solo es, en todo caso, un "primer paquete" de medidas. Ahora queda redactar el plan de contingencia y el Gobierno espera que, esta vez sí, no impere el ruido, dado que incluso comunidades del PP han prometido, dicen en Transición, hacer sus aportaciones y "trabajar juntos" para recortar la factura de luz.