Tribunales
Vox llevará al TC la reforma del Parlament catalán que quiere acabar con los discursos de odio
ERC y la CUP necesitan el apoyo de Junts o el PSC para que la proposición de ley, que se debatirá en mayo, prospere
Carlota Camps
El Parlament catalán sigue con la tramitación de la reforma del reglamento propuesta por ERC y la CUP -y avanzada por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica- que quiere limitar los discursos de odio de Vox. Ya la semana pasada la Mesa de la Cámara catalana admitió a tramite la propuesta y este martes ha dado un paso más y ha rechazado la petición del grupo de extrema derecha que pedía frenarla. Sí han aceptado la enmienda a la totalidad del mismo grupo, que también ha avisado de que recurrirán al Tribunal Constitucional.
Según el portavoz de la formación, Joan Garriga, la proposición de ley de republicanos y 'cupaires' es "claramente inconstitucional". Consideran que "vulnera derechos fundamentales" como la libertad de expresión y la inviolabilidad parlamentaria de los diputados. Por este motivo, aseguran que de aprobarse, pedirán ampra al tribunal. Pero también valoran recurrir ya al tribunal la simple admisión a trámite de la propuesta.
El actual reglamento ya contempla la expulsión de un diputado en caso de pronunciar "palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlament o a cualquier otra persona". Pero según los grupos proponentes, el planteamiento es muy genérico, por eso plantean un redactado más explícito para prohibir y sancionar los "discursos de odio o intolerantes". En este punto incluyen todo aquello que "incite a la discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen, condición social, etnia, lengua o discapacidad". Esta modificación no solo afectaría a los discursos, sino también a las mociones o propuestas de resolución.
Además, también proponen que todos aquellos diputados que no hayan firmado la declaración de compromiso de tolerancia cero ante la discriminación y el acoso, como es el caso de Vox, no puedan ejercer cargos dentro de la Cámara o en sus órganos, ni formar parte de delegaciones oficiales de la institución. Actualmente, no hay ninguna comisión presidida por la extrema derecha de Vox, ni tienen ningún cargo en la Mesa, pero es debido a un acuerdo extraoficial del resto de partidos.
A la espera de Junts
ERC y CUP necesitan el apoyo de Junts o del PSC para hacer prosperar la propuesta, que además de intentar limitar los discursos de Vox también propone una vía legalizar el voto de Lluís Puig -introduciendo el voto telemático y ampliando los supuestos del delegado-. Hasta el momento, los dos grupos han evitado aclarar su posición. Lo que sí forzaron, en la reunión de la Junta de Portavoces de la semana pasada, es que no se tramite por lectura única -la vía más rápida-, abriendo así un período de enmiendas que les permitiría introducir modificaciones al redactado.
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