45 aniversario de la Carta Magna

Las pensiones, la monarquía y una decena de propuestas de los partidos para reformar la Constitución

En 45 años, la Carta Magna sigue prácticamente igual. Tan solo ha sufrido dos cambios, ambos por imposición de Europa

El ejemplar de la Constitución sobre el que juró la princesa Leonor.

El ejemplar de la Constitución sobre el que juró la princesa Leonor. / José Luis Roca

Miguel Ángel Rodríguez

"No aspiramos a hacer Constituciones centenarias", dijo Emilio Attard. El diputado de UCD pronunció estas palabras el 5 de mayo de 1978, poco después de las 10:20 horas de la mañana, cuando, en su función de presidente de la comisión Constitucional del Congreso, arrancó la primera de un centenar de sesiones que acabarían dando a luz a la Constitución española. No han pasado 100 años, pero sí 45 y la Carta Magna sigue prácticamente igual. Tan solo ha sufrido -o disfrutado- dos cambios. Ambos por imposición de Europa. No se ha modificado el sesgo machista de la sucesión de la Corona y la palabra "disminuidos", desde hace años relegada por su carga despectiva, sigue impresa en el artículo 49. Estos son solo algunas de las modificaciones que propone el arco parlamentario.

En enero de este 2023, PSOE y PP llegaron a un acuerdo para retirar la palabra "disminuidos" y sustituirla por "personas con discapacidad". El entendimiento, que ya se había logrado en 2018 y que acabó en papel mojado por un adelanto electoral, fue complejo. Los populares expresaron su miedo a que esta reforma abriera la puerta a otros cambios. Los socialistas dieron su palabra de que no sería así. Hubo enmiendas de otros partidos -PNV, Junts y Ciudadanos-, pero sin visos de que salieran adelante. No obstante, otra convocatoria electoral, la del 23 de julio, volvió a echar por tierra la reforma.

PPPSOE Sumar recogían esta modificación en sus programas electorales para la cita con las urnas este verano. Sin embargo, si una reforma tan sencilla, contra la que es difícil encontrar argumentos, se resiste, el resto de cambios propuestos resultan inalcanzables.

Las pensiones y la Seguridad Social

Socialistas y rosas, por ejemplo, pretenden modificar la Constitución para blindar el Estado de derecho. El PSOE quiere incluir blindar "el poder adquisitivo de las pensiones con un cambio constitucional" para que suban con arreglo al IPC. Los de Yolanda Díaz, por su parte, plantean recoger en la Carta Magna "que el sistema de la Seguridad Social es una función del Estado de la que está excluida toda operación de lucro privado" y que el "sistema está basado en el principio solidario".

Además, el PSOE, sin aseverar que forma parte de sus intenciones, deja entrever que sería necesaria una reforma del Senado. Para los socialistas, la Cámara Alta debería representar "la diversidad y singularidades de los territorios de España, ofreciendo respuestas adecuadas desde un enfoque integrador, constructivo y eficiente". Y, hasta aquí, todos los cambios que plantean los cuatro grandes partidos nacionales.

La monarquía y otras cuestiones

Entre sus reivindicaciones no hay ni rastro de la Monarquía. No se plantea ya la necesidad de eliminar que la sucesión de la Corona recaerá en el primer hijo varón de los reyes, por delante de cualquier mujer, y, mucho menos, un cambio de sistema. Esto, justamente, es lo que reclaman las formaciones nacionalistas e independentistas. ERC incluyó en su programa la apuesta por la "abolición de la monarquía y el establecimiento de la República". Por su parte, PNV y EH Bildu apoyaron una moción en el Parlamento Vasco el pasado marzo para defender una "necesaria reforma" de la Constitución que incorpore como "cuestiones nucleares" la "posibilidad de cambio de la forma política del Estado, habilitando la opción de la República".

Los republicanos catalanes son los que abogan por realizar un mayor número de cambios, desde reconocer la capacidad legislativa del País Valenciano en materia de derecho civil a permitir que los extranjeros participen en la vida política sin las restricciones actuales. También defienden la derogación del artículo 145, que impide la "federación de Comunidades Autónomas" y obliga a llevar cualquier convenio de cooperación a las Cortes Generales.

Bildu solo prometió en su programa la derogación del artículo 135, el único que fue modificado en 2011 tras la crisis financiera para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando a todas las Administraciones Públicas. La intención de los abertzales es eliminar la prioridad del pago de la deuda sobre la inversión pública y social. El PNV y Junts no incluyeron ninguna propuesta de este estilo, aunque los primeros abogan por eliminar las referencias a la "indisoluble unidad de la Nación española" y la inviolabilidad del Rey; y los segundo por cambios en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder judicial.