El Gobierno se autoenmienda para atraer a Junts con mayor control de la instrucción judicial

El Gobierno intenta recorrer su mitad del camino para que Junts haga lo propio y salvar la tramitación de la ley de amnistía. El punto de encuentro que proponen los socialistas pasa por acortar los plazos de la instrucción judicial mediante una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (LeCrim). No se aceptarían así las enmiendas de Junts para incluir en la amnistía los delitos de terrorismo y de alta traición, pero a la espera de que los posconvergentes recojan o no el guante se acercaría a su demanda para que la Fiscalía tenga un mayor control de la instrucción judicial y garantizar su aplicación inmediata. El único camino de este planteamiento con lleva una autoenmienda del Gobierno para volver a un texto similar a la reforma realizada por Mariano Rajoy que PSOE y Podemos rectificaron al principio de la legislatura pasada.

“Se han visto instrucciones que se prolongan y que, incluso, los propios fiscales han puesto en cuestión”, defendía este lunes Pedro Sánchez en una entrevista en 'laSexta'. Preguntado directamente sobre una modificación en este sentido de la LeCrim, concluía que "hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas", en referencia a Junts. Todo ello en un momento en el que los jueces acaban de prorrogar las investigaciones de Tsunami Democràtic y de caso Voloh que afectan a líderes del 'procés' como el expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La aplicación de la amnistía quedaría en suspenso en estos casos y la reforma de la LeCrim vendría a evitarlo.

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Volver a la modificación del artículo 324 de la ley que realizó Mariano Rajoy en 2015, a expensas de si hay acuerdo para ello y en ese caso de qué redactado se pacte, supone tanto para el PSOE como para sus socios un viraje en las posiciones que habían mantenido hasta ahora. PSOE, Izquierda Unida, ERC y BNG presentaron enmiendas a la totalidad a la reforma de los populares. De cara a las siguientes elecciones, en 2019, el PSOE llevó en su programa electoral la reversión de la reforma por considerar que abría una puerta a la “impunidad” en casos de corrupción: “Eliminar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducido por el gobierno del PP en 2015, para evitar que el establecimiento de plazos de caducidad de los procedimientos se convierta en una ventana para la impunidad de aquellos que están encausados por delitos graves como el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción”.

Acuerdo de coalición

En el primer acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos en la pasada legislatura, ambos partidos acordaron incluir el compromiso de “sustituir el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción”.

El partido entonces dirigido por Pablo Iglesias llegó a hacer de este asunto un ariete contra el PP y lanzó una campaña para derogar la reforma impulsada en 2015 por el Gobierno de Rajoy, llegando a tildar la norma de "ley Berlusconi", "ley de la impunidad" o "ley del punto final". Denunciaban que con el acortamiento de los plazos, sólo ampliables a petición de la fiscalía, los grandes casos de corrupción decaían o eran archivados sin que pudiera terminarse el proceso de instrucción, obligando al cierre en falso de las investigaciones judiciales de mayor complejidad.

Pero no sólo Podemos hizo bandera. La propia Yolanda Díaz, hoy vicepresidenta del Gobierno, se opuso a lo que definió como "ley de punto final de la corrupción". Fue en sus primeros meses como diputada de En Marea en el Congreso de los Diputados, en 2016, cuando era vocal de la Comisión de Justicia y pidió en este órgano la derogación del polémico artículo de la Lecrim.

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También Enrique Santiago, ahora miembro de la ejecutiva de Sumar y portavoz suplente en el Congreso, fue uno de los impulsores de la reforma en la siguiente legislatura, cuando era miembro de la Comisión de Justicia que finalmente aprobó derogar "la reforma del PP (...) para cerrar las investigaciones de sus corruptelas".

Casi cuatro años después, Sumar acepta ahora la vuelta a un modelo más parecido a la reforma que impulsó Rajoy, situando la aprobación de la amnistía como principal objetivo. "Somos flexibles", "estamos abiertos" defendió el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, este lunes en rueda de prensa después de la propuesta de Sánchez.

El texto actual

Con el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno modificó con sus socios en junio de 2020 la normativa para que el plazo inicial de seis meses para finalizar la investigación judicial de un delito se ampliase a 12 meses y se eliminase también el techo reservado para causas especialmente complejas.

Las "prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses", con carácter indefinido, dependen ahora de que el juez lo justifique debidamente. En el caso de la investigación de Tsunami Democràtic por indicios de terrorismo, la última prórroga vencería en junio y en Moncloa niegan que se puedan asociar estos actos con terrorismo, en línea con la Fiscalía. El Gobierno calcula que la ley de amnistía se aprobaría entre los meses de abril y mayo.

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La norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy acotó el tiempo de instrucción a seis meses para las causas "sencillas", un plazo que se podía elevar hasta a 18 cuando la instrucción fuera declarada "compleja". Esta posibilidad únicamente podría producirse a petición de los fiscales, lo que dejaba en manos de éstos el control de la duración de los procesos.

La vía propuesta por el PSOE para salvar la amnistía y, con ello, asegurar la continuidad de la legislatura, se justifica porque permitiría aplicar la medida de gracia a todos los dirigentes del 'procés' y mantener sin cambios el texto. De lo contrario, incluyendo las enmiendas de los posconvergentes, se pondría en riesgo ante el Tribunal Constitucional al no casar tampoco con el derecho comunitario. En el Ejecutivo ya mostraban distensión y voluntad de “diálogo” para salvar la norma pocas horas después de manifestar, al calor de la derrota parlamentaria sufrida el pasado martes, que no tenían margen para seguir moviéndose.

Apoyo de los socios

Junts también mantuvo una actitud conciliadora, asegurando que había espacio para llegar a un acuerdo. Aun así, la cúpula del partido independentista insistía hasta esta última oferta en advertir de que no puede apoyar el actual texto de la ley de amnistía porque, a su juicio, carece de garantías frente a las iniciativas judiciales que podrían dejar fuera de la misma a dirigentes como Puigdemont.

El Gobierno está dispuesto a moverse, aunque ello suponga autoenmendarse, pero también deberá hacerlo Junts para llegar a un punto de encuentro, según insisten en la Moncloa. Los socios de coalición empujan en esta misma dirección. Sumar se precipitó en respaldar la propuesta a la que abrió la puerta Sánchez. "Cualquier propuesta que ayude a desbloquear la ley de amnistía, como la que se ha hecho sobre la LeCrim, nos va a encontrar abiertos", destacó el portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun. La pasada semana, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ya invitó a “todos los actores” a un acuerdo sobre la amnistía que implicaría “cesiones por todas las partes”.

Desde ERC se mostraron favorables igualmente favorables a realizar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) como parte de la negociación para convencer a Junts que vote a favor de la amnistía. Todo aquello que nos lleve a aprobar la ley lo antes posible lo valoramos positivamente y no entraremos en la discusión", urgió la portavoz de Esquerra, Raquel Sans.