Los líderes de los 27 países miembros de la UE rubricaron ayer durante una cumbre extraordinaria en Bruselas, en un inusual ejercicio de unanimidad, un duro manual que ha de guiar la negociación del brexit con el Reino Unido.
El derecho de los ciudadanos es el punto de partida para los 27. La clave es que los europeos que viven en territorio británico y los británicos que viven en otros países de la Unión tengan garantizados sus derechos. También garantías sobre los casos pendientes ante el Tribunal de Justicia de la UE para evitar vacíos legales.
En cuanto a la factura del brexit, el objetivo de la negociación será definir la metodología para calcular el montante que Reino Unido tendrá que abonar a cuenta de sus compromisos financieros con la UE. Las estimaciones apuntan a una cifra cercana a los 60.000 millones aunque un informe de la Cámara de los Comunes británica lo rebaja a los 15.000.
Cuando el Reino Unido deje la unión también lo hará Irlanda del Norte, con lo que se convertirá en frontera exterior de la UE, un cambio con consecuencias políticas que puede afectar a los acuerdos de paz de Viernes Santo. Los 27 aspiran a encontrar una solución que permita mantener una «frontera blanda» entre ambos territorios.
Tal y como pedía España, las directrices mantienen que «una vez que Reino Unido deje la unión, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido se aplicará al territorio de Gibraltar sin que haya un pacto entre el Reino de España y Reino Unido». Algo que suscita «comprensión» entre los 27, según fuentes diplomáticas.
Por otro lado, Tusk y Juncker presentarán su visión sobre cómo debería ser el proceso para que los 27 acuerden en el Consejo Europeo de finales de junio los criterios para elegir las nuevas sedes de la Agencia Europea del Medicamento, a la que aspira Barcelona y muchas otras capitales, y de la Autoridad Bancaria Europea.
