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El Periódico Mediterráneo

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Crisis migratoria

Los ecos colonialistas del plan del Reino Unido para deportar refugiados a Ruanda

Crece el número de países ricos que optan por trasladar sus obligaciones a los países pobres a cambio de dinero

Protesta en Londres contra las deportaciones de solicitantes de asilo desde el Reino Unido a Ruanda. Andy Ryan

Días antes de la salida prevista del primer avión hacia Ruanda, sus renuentes pasajeros dejaron de comer. Varios internos del centro de detención de inmigrantes de Colnbrook, pegado al aeropuerto londinense de Heathrow, se declararon en huelga de hambre para protestar contra las intenciones del Gobierno británico de deportar al país africano a los solicitantes de asilo llegados hasta el Reino Unido de forma irregular. “No veo ningún motivo por el que debería ser trasladado a un país en África donde no tengo parientes ni familia”, le dijo a Al Jazeera un sirio de 20 años que escapó de su país tras negarse a alistarse en el Ejército de Bashar al Asad, el ‘carnicero’ de Damasco. “Me negaré a ir, pero si el Gobierno británico insiste en mi deportación a Kigali y me fuerza a subir al avión, me quitaré la vida”, advirtió desesperado tras haber sido incluido en el pasaje del primer avión. 

Aquel vuelo nunca llegó a despegar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos --un órgano adscrito al Consejo de Europa, al que sigue perteneciendo el Reino Unido—lo evitó a última hora con una medida cautelar que sirvió para dejar temporalmente en tierra a los siete solicitantes de asilo incluidos en el pasaje. La mayoría, originarios de Oriente Próximo y África. “No es una decisión final. El tribunal no dijo que el modelo sea ilegal o que no puedan ser enviados a un tercer país. Lo que dijo es que, en el caso concreto de uno de ellos, no podrá ser transferido hasta que su recurso haya agotado la vía de la Justicia británica”, asegura a este diario Nikolas Tan, experto en Derecho migratorio del Danish Institute for Human Rights. 

Londres no ha dado su brazo a torcer. En abril firmó un acuerdo con Ruanda para externalizar parte de su gestión fronteriza, una tendencia al alza entre los países ricos. Concretamente, la tramitación de las solicitudes de asilo de aquellos que llegaron a las islas con la intención de obtener el estatus de refugiado. A cambio de un pago inicial de 120 millones de libras, Kigali se encargará de acoger a los deportados, tramitar sus solicitudes y darles cobijo en caso de aprobar su protección como refugiados. El acuerdo, vigente para los próximos cinco años, no especifica cuántos podrían ser forzosamente transferidos hasta Ruanda, aunque Boris Johnson ha dicho que podrían ser “decenas de miles de personas en los próximos años”.

Ecos colonialistas

Como era de esperar, el controvertido plan ha despertado una oleada de críticas dentro y fuera del Reino Unido. Tanto por las dudas que existen en torno a su legalidad como por las cuestiones éticas que plantea el traslado de personas que huyen de la persecución y la guerra a un país situado a 6.500 kilómetros de distancia, con escasas garantías democráticas y frecuentes violaciones de los derechos humanos. Si bien la intención confesa de Downing Street pasa por disuadir la migración irregular, el plan recuerda a las viejas prácticas coloniales. “Aquí hay un enorme desequilibrio de poder. Básicamente, los países ricos están externalizando sus obligaciones a los países del sur global”, afirma el profesor de derecho humanitario de la Universidad de Londres (SOAS), Lutz Oette. “Esto es parte de una larga historia de colonialismo, desigualdades económicas y desequilibrios de poder. No debería permitirse que los países ricos se desprendan de sus obligaciones a golpe de talonario”.  

Pero es eso lo que están haciendo cada vez más. Ya sea al exportar residuos tóxicos o basura a Asia o África para que sea allí “reciclada” o enviando migrantes y solicitantes de asilo a terceros países. El objetivo último es el mismo, pero las fórmulas varían. Estados Unidos fue el primero en extraterritorializar sus servicios al internar a miles de haitianos y cubanos en la base militar de Guantánamo (Cuba) en los años noventa. Le siguió Australia con la deportación y detención en Nauru y Papua Nueva Guinea de los migrantes ilegales y solicitantes de asilo que llegaban a sus costas. Más tarde llegó el acuerdo de la Unión Europea con Turquía para que Ankara acoja a los inmigrantes llegados irregularmente a las islas griegas o el de Italia con Libia para que detenga a aquellos que tratan de llegar a sus costas por el Mediterráneo. También Israel ha ensayado con la fórmula al enviar refugiados africanos a Uganda y Ruanda.

Legalidad cuestionada

Muchos de estos programas han dado pie a toda clase de abusos y atropellos de los derechos consignados en la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de la ONU (1951) o el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1953), pero de momento no han servido para frenar las políticas de externalización. “Estos países juegan con las zonas grises de la ley. El asilo es un derecho, pero la ley internacional no da derecho a elegir en qué país se solicita”, afirma el profesor Tan. Y aunque el Reino Unido se ha comprometido a hacer una primera evaluación en su territorio de cada individuo para determinar quién puede ser enviado a Ruanda, los riesgos abundan, según los expertos. 

La legislación impide la discriminación por motivos de raza, religión o país de origen, pero lo cierto, según el profesor Oette, es que “las políticas británicas tienden a penalizar a aquellos que llegan al país por vía marítima frente a otros métodos, lo que afecta sobre todo a aquellas nacionalidades con más dificultades para obtener visados, como Afganistán, Irán, Vietnam y varios países africanos”. Otro asunto peliagudo es el principio que prohíbe enviar a los refugiados a países donde puedan ser víctimas de abuso o tortura. Y aunque Londres sostiene que Ruanda es un país seguro que acoge actualmente a más de 120.000 refugiados de diversos orígenes, las organizaciones de derechos humanos tienen muchas dudas al respecto. 

“El plan británico es objeto de un acalorado debate, pero probablemente es ilegal bajo el derecho internacional. Ese es el consenso entre los expertos”, sostiene el profesor Oette de la Universidad de Londres. Su evolución se está siguiendo muy de cerca en Dinamarca, que el año pasado aprobó una ley similar para externalizar el asilo. Solo le falta cerrar un acuerdo bilateral con un tercer país para que las expulsiones puedan comenzar.  

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