El retroceso del sistema de atención a la dependencia se agrava en Castellón. La aplicación de la ley siempre ha sido lenta, pero en los últimos meses la situación ha empeorado. Y en el 2014 el Gobierno ha vuelto a reducir en 1.000 millones de euros la partida que destina a las comunidades autónomas para que éstas paguen a los dependientes, con lo que nada hace prever que las cosas irán a mejor.

Los últimos datos oficiales ofrecen varias cifras que dejan poco espacio a la duda: el número de beneficiarios de ayudas en Castellón ha caído, si se comparan con septiembre del 2010, en al menos en 1.200 usuarios, unos 400 de media al año; es decir, que cada día sale del sistema una persona. Además, más de seis años después de la entrada en vigor de la ley, la lista de espera sigue siendo importante y solo en la provincia asciende a 2.298. Casi el 40% de las personas con derecho a recibir prestaciones o servicios (6.198) no las reciben.

Así, el que estaba destinado a ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar atiende tan solo a 3.900 personas en Castellón y a 39.251 en la Comunitat Valenciana (dato del 31 de agosto del 2013). “El sistema está prácticamente desmantelado. Los dependientes, hasta ahora atendidos, van muriendo, y ni siquiera se les está reponiendo, con lo que las cifras van a la baja”, denuncia Carmen Santamaría, portavoz de la plataforma en defensa de la ley de dependencia en Castellón.

La tasa no se está reponiendo y, además, los dependientes moderados (unos 3.000 en Castellón) no van a poder entrar en el sistema hasta mediados del 2015, después de que en julio del 2012, el Gobierno retrasara el calendario.

CUIDADORAS QUE NO COTIZAN // Otro de los varapalos que ha sufrido la ley en los últimos meses es la eliminación de la seguridad social a los cuidadores familiares de los dependientes, mayoritariamente mujeres. Las cuidadoras recibían una ayuda económica de unos 400 euros al mes por atender a sus familiares dependientes y, además, el Gobierno se encargaba de cotizar por ellas a la Seguridad Social. “Con ese recorte, en Castellón la cifra de cuidadoras que cotizan ha pasado de 1.612 a tan solo 157. A muchas no les vale la pena ya que deben pagar 180 euros al mes y hay dependientes que perciben 50”, argumenta Santamaría.

Los miembros de la Plataforma en defensa de la ley de dependencia responsabilizan de todos los males al Consell, al que acusan de boicotear desde el primer día la aplicación de una normativa estatal que nació bajo mandato socialista. “En la Comunitat el gasto público en dependencia por habitante y año es de 69,10 euros, mientras que la Rioja asciende a 167”, recuerdan.

¿QUIÉN ES EL REPONSABLE? // El Consell ve las cosas desde otra perspectiva y recuerda que ha tenido que aportar el 80% de las ayudas a la dependencia, frente al 50% que fija la ley, un porcentaje que si el Estado hubiera respetado habría permitido tener 442 millones más y atender a 20.000 personas más. Y cita un ejemplo: en el 2012 se abonaron 305 millones en servicios a dependientes.

Y mientras el Ejecutivo valenciano lamenta que tiene que soportar la mayor parte del coste de la dependencia, el Gobierno sigue recortando su presupuestos. Para 2014 el Ministerio solo aportará 1.086 millones a las comunidades autónomas, que tendrán que volver a hacer frente casi en solitario a los gastos del sistema. H