En octubre, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar la relación de Serafín Castellano con su íntimo amigo Vicente Huerta. Sobre la mesa, contratos públicos de unos 33 millones de euros que le adjudicó al empresario el entonces conseller de Gobernación.
El pistoletazo de salida del caso, curiosamente, lo provocó un rifle semiautomático valorado en casi 2.000 euros, que es el regalo que presuntamente recibió el político, junto con invitaciones a cacerías y otras dádivas, a cambio de subvenciones, contratos y ayudas millonarias para llevar a cabo trabajos en la extinción de incendios. El momento en el que Anticorrupción inicia el proceso es la denuncia que interpuso, precisamente, el exgerente de Avialsa. En su escrito al fiscal detalla no solo los regalos, sino las gestiones de Castellano para favorecer al empresario. El hasta ayer delegado del Gobierno ha negado en varias ocasiones el trato de favor, aunque nunca ha enseñado la factura del rifle. Según el goteo constante de la información que se ha ido conociendo desde entonces, Francisco Huguet, alcalde de Quartell, delegado de la empresa Avialsa en la Comunitat y también detenido ayer --aunque quedó en libertad--, podría haber sido el enlace entre la empresa y la administración valenciana.
Los conceptos por los que la firma que está siendo investigada cobró dinero de la Conselleria de Gobernación es bien diversa. Desde costear un simulador de vuelo a proyectos sobre depósitos de combustible para aviones.
Pero además de los citados contratos, todo apunta a que Vicente Huerta recibió ayudas económicas de la Generalitat de 1,5 millones de euros para desarrollar proyectos tecnológicos durante los años 2010 y 2011.
Otras informaciones detallan que los actuales auditores de Avialsa han asegurado que sus predecesores “han extraviado” documentación respecto a la gestión de la empresa. H
