Si está pensando en adoptar un niño sepa que le espera un proceso complicado. Y caro. Y también muchos años de espera. La adopción es un camino cada vez más largo y eso, junto a los constantes cambios en los criterios de los países de origen, ya se refleja en las estadísticas: cada vez son menos las familias de Castellón que deciden adoptar. Las cifras se han desplomado y lo han hecho tanto que el año pasado tan solo 21 familias iniciaron un proceso nacional o internacional. Hace once años la cifra fue de 168.

Para poder adoptar a un niño hay dos vías posibles: recurrir a la adopción internacional o a la nacional, es decir, menores nacidos aquí y que por causas de fuerza mayor son apartados de sus familias y entran en los canales de la adopción. Y ambas han ido claramente a la baja, aunque la curva es mucho más pronunciada en el caso de las internacionales. El año pasado solo dos familias de Castellón iniciaron todos los procesos para la adopción internacional, frente a las 113 que lo hicieron en el 2007, según datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Otras 19 solicitaron una adopción nacional, mientras que hace once años fueron 55. Y con las adopciones constituidas (desde que se presenta la solicitud hasta que termina el proceso pueden pasar más de siete años) ocurre algo similar: en 2018 se registraron 2 internacionales y 22 nacionales, frente a las 17 y 16 de hace una década.

Adoptar a un menor extranjero es cada vez más complicado y una de las claves está en que muchos países están cerrando sus fronteras. Etiopía, por ejemplo, lo hizo en 2018 y otros, como Honduras, Bolivia o Panamá, están enfrascados en cambios de legislación que han paralizado desde hace años los procesos. Y en China, donde las condiciones económicas han mejorado, también se ha frenando la salida de niños. «En ese país el poder adquisitivo de las familias ha crecido, al tiempo que se han suavizado políticas como las del hijo único», explican las entidades acreditadas en al Comunitat Valenciana para la intermediación de adopciones internacionales, donde insisten en que las solicitudes que tienen más salida son las de menores con necesidades especiales.

Para agilizar el proceso, el Gobierno aprobó a finales del pasado mes de marzo un reglamento que centralizaría parte de los trámites de las adopciones internacionales, hasta ahora en manos de las comunidades autónomas. Cuando el reglamento entre en vigor, el próximo 4 de julio, los países de origen dejarán de tener 17 interlocutores y pasarán a tener solo uno. Las familias que quieran adoptar podrán contactar con organizaciones acreditadas en todo el país, y no solo en su comunidad autónoma, como ocurre ahora. El modelo de contrato será único, así como los costes de los trámites. Y las organizaciones serán acreditadas por el Ministerio, no por las autonomías, como sucedía hasta el momento. También se creará un registro nacional de organismos acreditados para adopción internacional y otro de reclamaciones e incidencias que puedan surgir.

UN COSTE DE HASTA 30.000 EUROS

Las restricciones impuestas por los países de origen explican el descenso de las adopciones internacionales pero la crisis económica, también ha influido. Adoptar a un niño en el extranjero no es barato y los costes por documentación y trámites varían desde 5.000 a más de 30.000 euros, según calculan las agencias de intermediación.

Las adopciones han caído en picado y, según los expertos, cada vez son más las familias que recurren a la gestación subrogada, una práctica que supone que una mujer gesta y pare un bebé y cede la paternidad y/o maternidad a terceros. Se trata de una práctica ilegal en España, pero autorizada en países como Canadá, Estados Unidos, Rusia o Ucrania.

Como en España no es legal, decenas de familias se ponen en manos de agencias que actúan de intermediarias. Y aunque no hay datos oficiales, sí hay constancia de es una práctica cada vez más habitual. Un ejemplo. En agosto del 2018 dos parejas de Castellón permanecieron atrapadas en Ucrania con sus bebés nacidos en este país por gestación subrogada por el retraso de las autoridades consulares de España en tramitar la inscripción en el registro civil de los recién nacidos.