De denunciante a imputado. El Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón ha citado a declarar en calidad de investigado al exsubdelegado del Gobierno en esta provincia, el popular David Barelles, en el marco de la causa abierta en el año 2017 por una supuesta trama de facturas falsas en esa administración, denunciada cuando Barelles aún ocupaba el cargo, en la que está imputado igualmente su predecesor como subdelegado, el socialista Antonio Lorenzo, informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

Las mismas fuentes indicaron que el magistrado atribuye al excargo del PP inicialmente delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos, con lo que el caso Subdelegación da un nuevo giro y se amplía.

copias de las agendas // En una providencia, el juez reclama además a la Subdelegación que aporte en el plazo de cinco días copias de las agendas de ambos exsubdelegados y de las facturas por comidas en las que intervino Barelles en virtud de su cargo, junto con las diligencias de conformidad que suscribió a tales efectos.

En la misma decisión judicial, notificada precisamente ayer a las partes, el titular del juzgado ha fijado la comparecencia del nuevo investigado el 2 de mayo. Igualmente, ha pospuesto hasta el 25 de abril la de Antonio Lorenzo, que estaba prevista en su inicio para el 11 de abril. Lorenzo, que acudió ayer miércoles a la Ciudad de la Justicia en calidad de testigo, por un recurso sobre la Banda de Municipal de Música, declinó hacer declaraciones sobre el caso Subdelegación. Sí que se mostró afligido por el asunto y reconoció que lo está pasando mal.

Por su parte, el principal investigado en la causa -un funcionario que ejercía como habilitado de la Subdelegación-, cuya declaración fue suspendida la semana pasada, tendrá que acudir el próximo viernes 22 de marzo.

En su día, como subdelegado, Barelles firmó algunas facturas y los cheques que se investigan en el marco de la presunta trama de malversación y falsificación documental urdida por dos habilitados de gastos, en colaboración con pequeños empresarios. Barelles --subdelegado entre 2012 y 2018-- declaró como testigo que desconocía las irregularidades detectadas durante años, pero reconoció su rúbrica en los documentos que están bajo sospecha, como publicó Mediterráneo.

Las ilegalidades fueron destapadas por una funcionaria que puso los hechos en conocimiento de la policía en el verano del 2017 al sospechar de unos recibos de repostaje de gasolina. El fraude detectado no se limita únicamente a los mandatos de Barelles y se remonta a otras legislaturas anteriores. Los investigadores se centran en los últimos diez años por ser el periodo que todavía no está prescrito --los anteriores sí--, lo que incluye de lleno los años en los que Lorenzo ocupó el cargo, pero impide investigar los previos al ejercicio del 2007.

acusación Particular // Por otra parte, el juez emitió un auto que impone una fianza de 3.000 euros al PP como requisito para permitirle ejercer la acusación popular en este procedimiento, una cantidad que entiende «adecuada y proporcional». En este sentido, desde el partido señalaron ayer que contaban con la fianza y que seguirán adelante tras la imputación de Davir Barelles.