La Diputación colaborará con la Generalitat para implantar oficinas de atención a las víctimas del delito en toda la provincia y que se sumen a las ya existentes en Castellón, Vila-real y Vinaròs.
Así lo acordaron ayer el presidente, Javier Moliner, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo en un encuentro de trabajo en Castellón para sentar las bases de este nuevo acuerdo. El presidente recalcó la capacidad de alcance que tiene la institución provincial para llegar a beneficiar a todos los pueblos. La consellera de Justicia aseveró que «Castellón cuenta con tres oficinas en la capital, Vinaròs y Vila-real. Nos quedan dos partidos judiciales que están contemplados para un futuro, pero nos preocupan todos esos municipios que quedan más alejados».
El presidente incidió en que el trabajo por la igualdad de oportunidades del entorno rural y urbano es «estratégico». Indicó que «crearemos un protocolo para poder prestar este servicio» y se implantarán centros comarcales, con profesionales que atenderán a las víctimas de delitos.
Durante el 2017 las tres oficinas atendieron a un total de 3.000 personas en la provincia.
VILA-REAL Y NULES / Bravo confía en que el traspaso de las competencias de violencia de género de Nules --saturado-- a Vila-real sea «este año». El visto bueno deberá darlo el nuevo ministro a nombrar tras la moción a Rajoy.
