Después de un 2018, año preelectoral, en el que la licitación de obra pública en Castellón alcanzó los 178 millones de euros --más del doble que el año precedente--, el presente ejercicio ha comenzado con luces y sombras. Mientras los ayuntamientos han aumentado su aportación durante el primer trimestre, la Generalitat arrastra un importante déficit inversor en comparación con el mismo periodo del año pasado, como acreditan las cifras de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Así, de enero a marzo --últimas estadísticas publicadas--, el gasto en obra pública en la provincia fue de 20,8 millones de euros. Los consistorios, con más de 14, son los que han tirado del carro en este sentido, ya que la administración autonómica ha aportado 5,3 millones y el Gobierno central 1,4. Llama la atención que pese a lo reducido de la contribución desde Madrid, aún así es un 978% mayor que la que hizo en esos mismos meses en el 2018.

En cuanto a la Generalitat, ha licitado un 48,6% menos de actuaciones en la provincia que en el 2018. De seguir con esta tendencia, se quedará muy lejos de los 36,1 millones de euros que sacó a concurso en Castellón durante el pasado ejercicio.

Una parálisis inversora que ya ha sido criticada desde la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, que la califica de «sonrojante». Desde la institución ponen el foco en departamentos autonómicos concretos, como la Consellería de Educación, cuyo nivel de ejecución de centros de enseñanza «es escaso», debido a que todavía tiene que eliminar muchos barracones y «al retraso acarreado en el programa Edificant». En la provincia hay pendientes actuaciones en al menos una decena de centros.

CRÍTICAS // «Entendemos que muchos municipios, a los que se ha transferido la ejecución competencial de las infraestructuras educativas, no están dotados técnica ni estructuralmente para acometerlas con eficacia y eficiencia en plazo», manifiesta su presidente, Manuel Miñes. Los contratistas también califican de «alarmante» el retroceso en actividad licitadora parte de la Conselleria de Medio Ambiente.

Y hay otras actuaciones concretas que se vienen reivindicando desde la provincia que dependen del impulso que se dé desde la Generalitat. Como por ejemplo la finalización de la ronda de circunvalación de Castelló, respecto a la que existe un «compromiso en firme» de la Conselleria de Obras Públicas --heredado de la época de María José Salvador-- para ahora llevarla a cabo.

La Conselleria de Sanidad tiene varios frentes abiertos. En Castelló debe abordar la ampliación de Urgencias en el Hospital General y culminar el nuevo edifico oncológico del Provincial. También piden un nuevo ambulatorio en Vila-real, en la zona centro; desde Vinaròs un segundo centro de salud, ante los problemas del hospital para atender a todos los pacientes; y en Moncofa ampliar el centro auxiliar, entre otros.

Desde la Cámara de Contratistas ponen además otro elemento sobre la mesa: los retrasos en actuaciones que ya están licitadas, «lo que hace que las obras se eternicen y que los sucesivos plazos dados por los responsables políticos y ministeriales se incumplan y, de este modo, pierdan su credibilidad». En este sentido, el centro de salud del Raval Universitari y la ronda suroeste de Vila-real son buenos ejemplos.