Atasco, retrasos e inseguridad jurídica. El nuevo decreto de vivienda pública de la Conselleria ya empieza a hacer mella en las operaciones de compraventa de vivienda en Castellón, según alertaron ayer diversos profesionales de notarías de la provincia, donde reina la preocupación por el detalle una normativa que, dicen, crea «inseguridad jurídica».
Y es que la Conselleria de Vivienda puede intervenir en el mercado libre y ejercer el derecho a tanteo y retracto sobre una vivienda, con el fin de engrosar el parque público destinado a colectivos vulnerables y ponerlo a disposición de los municipios. Pero la Administración tiene opción de compra preferente ya no solo sobre las públicas VPP afectadas por impagos, etc. sino también, como novedad, sobre las privadas que cumplan determinadas características, como que sea proveniente de dación en pago, ejecución hipotecaria, venta en lote a fondos de inversión, etc.
El decreto ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat mediante los derechos de tanteo y retracto se publicó el 11 de junio y entró en vigor el 12 (y debe convalidarse por les Corts el 15 de julio). «Con solo un día, cuando en general deben pasar unos 20 para la adaptación. Es todo muy improvisado. La app para notificación telemática aún no funciona y remitimos los casos a la dirección territorial, tras informarnos», asevera el notario castellonense Chimo Serrano.
VENTAS FUTURAS / Asimismo, Serrano añade que la normativa «entorpece gravísimamente la compraventa de vivienda». En su opinión, «el retraso y colapso en operaciones es enorme. Sobre las viviendas que cumplen los requisitos, ahora, la Generalitat tiene derecho primero a la compra incluso sobre ventas posteriores de esos pisos. Lo que crea inseguridad jurídica. Si llega un caso así, tiene un plazo de 60 días para decidir e informar si ejerce el derecho de tanteo y retracto».
Otro fleco que inquieta es «que incluso se nos obliga a investigar cómo se ha adquirido esa vivienda en toda su historia». Y es que sobre las VPP construidas tras el 2005 la Generalitat tenía ya preferencia en cualquier venta; y ahora se añade nueva casuística.
En esta línea, el notario José Vicente Malo espera a la letra pequeña del reglamento: «Estamos preocupados. Nuestra responsabilidad es importante y se plantean sanciones cuando aún hay muchas dudas de aplicación». A su parecer, «el legislador debe autocontenerse porque con este decreto mata moscas a cañonazos. Si buscaba ir contra los fondos buitre, hay otras fórmulas. Así paralizan el 95% de compraventas y no todas son de ese tipo». «Hay incertidumbre y presiones de compradores, vendedores y bancos, que quieren dar curso a transacciones que cada día se plantean en Castellón», concluyó.
PRIMERA OPERACIÓN HISTÓRICA CON SOLO UNA VIVIENDA EN CASTELLÓ
El vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, anunció ayer la formalización de la primera compra de 218 viviendas que se incorporan al parque público de la Generalitat, tras ejercer el nuevo derecho de tanteo y retracto, sobre un lote que el Banco Sabadell iba a vender a un fondo de inversión. Solo uno de los inmuebles pertenece a la provincia y se ubica en Castelló (c/ Castelldefels, 7). Martínez Dalmau destacó que es la mayor operación de adquisición de vivienda pública por tanteo, «histórica» en España y la Comunitat, tras invertir 8.545.172,85 euros. «Es solo la casilla de salida, habrá próximas compras», resaltó. El presupuesto que maneja para adquisición de vivienda pública este año, según fuentes del departamento, rondaría los 26 millones. Las viviendas de esta primera operación (de carácter público y privado) han supuesto el rescate de 95 familias vulnerables y se han comprado a un coste un 25% por debajo de los precios de valoración de la Agencia Tributaria Valenciana, algunas de ellas, por solo 1.000 euros. El objetivo es duplicar el parque público en una década. Los nuevos pisos públicos pasan a disposición de los municipios para emergencias y demandantes inscritos de VPP.
EL PP PIDE AL PSOE PARAR LA NORMATIVA Y ESTUDIA UN RECURSO
El presidente del PP de Castellón, Miguel Barrachina, ha anunciado que su partido está estudiando interponer un recurso de inconstitucionalidad al nuevo decreto-ley de tanteo y retracto de Vivienda del Consell «si no hay voluntad de negociación» porque regula derechos que son competencia del Estado y «crea inseguridad jurídica» a familias y empresas, al tiempo que «está haciendo que todas las operaciones de compraventa se paren».
Barrachina se reunió ayer con el presidente de la patronal de la construcción Apecc, Fernando Alfonso; la senadora del PP, Salomé Pradas; la secretaria general del PPCS, Elena Vicente-Ruiz; y el coordinador general Luis Martínez. El popular solicitará que el decreto se tramite como proyecto de ley porque «infringe gravemente el ordenamiento jurídico, leyes civiles y la Constitución». Y apeló a la «responsabilidad del PSOE» para que lo pare y «no se deje arrastrar por Podemos». Recordó que el parque público consta de 2.000 viviendas ocupadas ilegalmente y 1.000 desocupadas, y propuso «fórmulas público-privadas para disponer de vivienda para los más vulnerables».
