La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha archivado las diligencias abiertas a raíz de la denuncia de la plataforma Xnet contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que aprobó la indemnización por la paralización del almacén de gas Castor por no apreciar indicios de responsabilidad contable. Xnet denunció las posibles responsabilidades contables derivadas del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 3 de octubre del 2014, por el que se aprobó el real decreto-ley en el que acordaron abonar a la sociedad Escal UGS, controlada por ACS, 1.350,7 millones de euros a través de Enagás Transporte, a la que se reconoció un derecho de cobro a cargo del sistema gasista con cargo a la factura mensual por 30 años.
La plataforma pidió, en la denuncia que formuló el pasado 30 de julio, que se declarara la responsabilidad contable del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus ministros. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas justifica su rechazo en que los daños de la responsabilidad deben ser efectivos, evaluables económicamente e individualizados. Además, «al denunciante le corresponde probar que se ha ocasionado un daño económico real, efectivo e individualizado en los fondos públicos, así como su cuantía».
