Serias consecuencias judiciales, políticas y económicas. Son los efectos que provocará el informe de Escal UGS sobre el Castor, remitido el pasado miércoles al Ministerio de Transición Ecológica, en el que demuestran que el estudio presentado en su día, que determinó la hibernación del almacén estratégico de gas ubicado en Vinaròs, no fue elaborado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), ni tampoco por la Universidad de Harvard.

El primer frente es el judicial. El caso sigue en los juzgados de la capital del Baix Maestrat y ya ha perdido gran parte del contenido defendido por las acusaciones privada y pública durante los últimos dos años. La instrucción ha finalizado y, tras las nuevas revelaciones, se dilapida prácticamente toda consecuencia, por lo que la consecuencia lógica sería el archivo del proceso.

El segundo alcance es el político. Tanto el anterior Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, como la empresa Enagás, resultan afectados. Según se desprende de la documentación facilitada al actual Ejecutivo central por la compañía propietaria del Castor, las contradicciones del informe Juanes et al --en el que no intervinieron ni el MIT ni Harvard-- son claras, con unos resultados inconsistentes e incompatibles y, por lo tanto, sus conclusiones quedan invalidadas. Por estas razones, dejan en un grave peligro de descrédito los motivos que provocaron el cierre de la infraestructura marina. En si momento, presentaron unos argumentos que relacionaban la inyección de gas con la aparición de terremotos, así como que la sismicidad producida tras el llenado del almacén tuvo su origen en la falla de Amposta, algo que queda ahora en entredicho, y también descartan diversas investigaciones.

Un cúmulo de conclusiones dudosas que ponen en tela de juicio la decisión del entonces ministro de Industria, Álvaro Nadal, quien recibió de manos de los autores y de Enagás el polémico informe, en mayo del 2017, y a los pocos días paralizó el funcionamiento de la actividad de la plataforma.

DEMANDA // A todo ello, hay que sumar otro campo de batalla que tendrá consecuencias tras las revelaciones actuales: el económico. Los bancos Santander, CaixaBank y Bankia presentaron ante el Supremo una demanda contra el Gobierno por los 1.350 millones de euros que aportaron para el Castor, que la Administración se comprometió a devolver en 30 años, con cargo a la factura de los ciudadanos. Por su parte, el actual Ejecutivo prevé aprobar en breve el desmantelamiento total del almacén de gas.