Ningún juez quiere instruir el denominado caso Castor. La plaza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs ha quedado desierta en la primera convocatoria de finales del 2015. Se trata del acuerdo del 3 de diciembre del 2015 de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se convocaba concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial con categoría de juez, entre ellos el de Vinaròs, que se publicó en el BOE el 14 de diciembre. Nadie ha optado a esta plaza, confirmaron ayer fuentes del Consejo General del Poder Judicial. Por ello, el cuarto juez que instruirá esta causa, que debía haber tomado posesión este febrero en orden a esta convocatoria, tardará, al menos, un par de meses en hacerlo.

Y es que BOE publicó ayer el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se llama al concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la carrera judicial, con categoría de juez, en situación de expectativa de destino. Tienen 20 días hábiles para solicitar las plazas y, posteriormente, el consejo deberá resolver en atención a su antigüedad escalafonal y, en su caso, méritos alegados, según las mismas fuentes. Unos trámites que conllevarán que el nuevo juez titular no tome posesión, previsiblemente, hasta el próximo mes de abril.

Mientras tanto, al frente del órgano instructor del Castor se encuentra un juez sustituto y se mantiene el refuerzo de otra jueza. En este sentido, cabe recordar que el magistrado Víctor Capilla, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs, concursó y ganó una plaza vacante en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ontinyent (Valencia), destino al que se incorporó en diciembre, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Tras su marcha, se nombró un juez sustituto, Sebastián Isael Pla Martorell, que ya está al frente de Vinaròs 4. Asimismo, se mantiene como refuerzo la jueza sustituta Carmen Ballesteros, que estaba cuando aterrizó este complejo procedimiento antes de que se incorporara Capilla y que continuó con él tras tomar posesión.

Una de las primeras actuaciones de Pla Martorell fue declarar la “complejidad de la causa”, a propuesta del Ministerio Fiscal, de modo que extiende el plazo de duración de la instrucción de la misma hasta 18 meses a contar desde el 6 de diciembre del 2015, es decir, hasta junio del 2017.

Hasta el momento, han declarado 16 de las 18 personas investigadas (antes imputadas) en la causa, entre ellas altos cargos ministeriales y responsables de la concesionaria, Escal UGS. H