Las obras de construcción de la ronda suroeste de Vila-real han encontrado en varios okupas un motivo de preocupación, por cuanto desde la empresa constructora y desde el consistorio han constatado que varias personas residen en tres edificaciones ubicadas en el ámbito de afección de esta infraestructura viaria, que cuenta con una inversión próxima a los ocho millones de euros que asume la Generalitat valenciana.
De hecho, y según ha podido saber Mediterráneo, desde el departamento de Territorio del Ayuntamiento han abierto un expediente para requerir a los okupas de un maset que se encuentra en el camino Betxí que abandonen voluntariamente un inmueble que, tras completar la expropiación de los terrenos, es de propiedad pública municipal. La resolución la toman después de que desde la Policía Local y otros departamentos intentaran verbalmente que los ocupantes de la vivienda dejaran la misma.
Se trata de un primer intento administrativo (que también activan en las dos alquerías donde ahora hay personas viviendo, ubicadas en los caminos Artana y Sedenyet del Carme), que de no ser atendido, podrían dar paso a una denuncia penal por ocupación ilegal de un bien público, explican fuentes municipales.
ACCIONES // Hace casi una década, el ejecutivo local (liderado por el alcalde, José Benlloch) se vio obligado a llevar a cabo acciones, básicamente a través de Servicios Sociales, para que otros ocupantes ilegales de casetas de apero y pequeñas alquerías afectadas por la ronda suroeste dejaran unos inmuebles que en algunos casos presentaban un serio deterioro y podían suponer un peligro para quienes residían en ellos. Situación que esperan solucionar en breve y finalizar la vía.
