El exgerente de Imelsa Marcos Benavent declaró haber entregado dinero procedente del cobro de comisiones ilegales a destacados dirigentes del PP valenciano y cargos públicos de varias administraciones, entre ellos el expresidente de la Diputación Alfonso Rus y la exedil de Valencia María José Alcón.

Igualmente, acusó al entonces vicepresidente de la Generalitat, el castellonense Víctor Campos -condenado en la conocida como "causa de los trajes"-, de ser la persona que "gestionaba las grandes adjudicaciones y el dinero de la financiación ilegal del partido".

Según consta en el sumario del caso Imelsa, cuyo secreto se ha levantado este jueves y al que ha tenido acceso Efe, en sus declaraciones ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Benavent afirmó que el actual presidente del PP provincial, Vicente Betoret, conocía "sin duda" de las entregas de dinero y su origen.

También admitió haber entregado dinero en efectivo al entonces jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, y a destacados dirigentes del PP como David Serra y Juan José Medina, a quien señala concretamente como administrador de los fondos en "b" del PP provincial.

Con estos fondos opacos, explicó, se "pagaban actos del partido, al menos el sonido contratado" y en ocasiones estos pagos se abonaron a Fernando Agramunt, hermano del senador del PP por Valencia Pedro Agramunt.

Según explicó a la Guardia Civil el autodenominado "yonqui del dinero", eran Rus y el entonces consejero delegado de la empresa pública Ciegsa, Máximo Caturla, quienes le indicaban con qué empresarios tenía que hablar y qué porcentaje -sobre el precio de adjudicación de contratos- debía solicitar.

Entre otros asuntos, Benavent reconoce haber cobrado una comisión de 20.000 euros a Carlos Turró, responsable de la constructora Cleop, por la adjudicación de un contrato de limpieza de las Torres de Quart, dinero que entregó a la entonces concejala de Cultura de Valencia, María José Alcón, esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos.

Este mismo empresario, según las mismas declaraciones, accedió a pagar 120.000 euros por construir una residencia para ancianos en Xàtiva en la que las plazas iban a estar subvencionadas por la Generalitat.

Asimismo, por adjudicaciones realizadas desde Ciegsa, Benavent admitió haber cobrado comisiones a la constructora Luján.

Esta forma de recaudación, según detalla Benavent, se prolonga desde 2003 a 2007, cuando Rus accede a la presidencia de la Diputación y él es nombrado máximo responsable de la empresa pública Imelsa.

Desde esta compañía, cuando se le decía que "hacía falta dinero", Benavent se encargaba de articular el procedimiento de recaudación, y pone como ejemplo un plan para la renovación del césped artificial de campos de fútbol, pistas de pádel y piscinas cubiertas.

Para llevar a cabo sus planes, Benavent contrató a dos arquitectos que anteriormente habían trabajado para Ciegsa -empresa pública de la Generalitat dedicada a la construcción de colegios, sobre la que existen sospechas de gestión irregular-: Joan Vergara y Elena Bosque.

Según el relato del exgerente de Imelsa, fueron estos arquitectos y Caturla quienes confeccionaron los expedientes que permitieron adjudicar las inversiones previstas a empresas determinadas de antemano; todo ello con la colaboración del director jurídico, Enrique Grau, y del director financiero, José Enrique Montblanch.

Por otra parte, Benavent reconoce numerosas contrataciones irregulares en el seno de Imelsa por recomendaciones de Rus, Llopis o Medina, pero también del entonces portavoz socialista en la Diputación, José Manuel Orengo, del de Compromís, Emili Altur, del diputado socialista Raúl Pardos, de la diputada de EU -y denunciante del caso Imelsa- Rosa Pérez o los dirigentes sindicales Rubén Estornell y Ruth López.

Expone incluso el caso de un centrocampista del Olímpic de Xàtiva -club entonces presidido por Rus- cuya nómina corrió a cargo de Imelsa durante varias temporadas.

En este sentido, consta en el sumario un escrito de una trabajadora de Imelsa adscrita al área de recursos humanos en el que afirma haber recibido una orden directa de la jefa del departamento, Maria Escrihuela -imputada en una de las piezas del caso Imelsa- para dejar de calcular las nóminas de varios empleados, entre ellos Benavent, la propia Escrihuela o los directores jurídico y financiero, entre otros.

Asimismo, Benavent menciona en sus declaraciones que la exesposa del actual diputado nacional del PSOE por Valencia José Luis Ábalos estuvo contratada en el área de Turismo y que desconoce si acudía o no a su puesto de trabajo.