El sindicato CGT, que actúa como acusación popular en la causa abierta en los juzgados de Paterna por supuestas irregularidades cometidas en la antigua Radiotelevisión Valenciana (RTVV), ha pedido que se investigue también un supuesto fraude a la hora de fijar los criterios que regularon las indemnizaciones tras el cierre. El sindicato cita parte de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que declaró la nulidad del ERE de extinción de empleo, concretamente, el fundamento noveno que expone que «se produjeron alteraciones en los criterios» o se aplicaron otros distintos a los aprobados.
Esta supuesta aplicación arbitraria de los criterios del ERE a un colectivo de trabajadores representa, a juicio de este sindicato, «un posible trato de favor» y una «penalización» a quienes accedieron a los entes públicos a través de pruebas selectivas. Así, citaron un listado de 16 asesores técnicos contratados bajo la dirección de José López Jaraba y que, según advirtió la Sindicatura de Comptes en el informe del 2012, debieron abandonar el cargo al cesar Jaraba, en diciembre del 2012. Para CGT se produjo una conversión «buscada» de los contratos» a indefinidos y se causó daño «a la hacienda pública». «Debe ser reparado con responsabilidad civil derivada del delito cometido, puesto que se han pagado indemnizaciones con dinero público que no correspondían», señalaron.
