El exconseller de Educación y vicepresidente segundo de Les Corts, Alejandro Font de Mora (PP), el que más centros educativos ha construido en la Comunitat a través de Ciegsa, afirmó ayer que los sobrecostes de la empresa pública fueron de 309,8 millones de euros y no de mil millones, una cifra que según destacó es «inventada» y proviene de «tres timos conceptuales», pero que «cabe en cualquier titular». Lo hizo en la comparecencia ante la comisión de investigación de Ciegsa de Les Corts por su etapa como conseller, desde el 2004 al 2011, así como el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el exasesor Juan José Andrés Ruiz.

El exconseller señaló que la cifra de mil millones denunciada por los actuales consellers de Hacienda y Educación, Vicente Soler y Vicent Marzà, ha tenido «un éxito espectacular», pero es «una falsedad» porque engloba «todos los costes o gastos generales», como de los prefabricados, personal o financieros, y procede de una extrapolación de datos. Y lo desglosó, asegurando que esos gastos generales son 457 millones que, sumados a los 309,8 de «modificados», da, «con un redondeíto» de tres millones, los mil millones. «Es la mayor falacia desde Goebbels», exclamó. «Han generado un monstruo en contra de ustedes mismos porque ahora aunque funcione van a tener que cerrarla», señaló, asegurando que la cifra sale de una «interpretación falseada del equipo de Marzà de un informe de la Intervención».

El exconseller dijo que de los sobrecostes «no se ha derivado ninguna responsabilidad», y explicó que de todos constaron los motivos y no ha habido «ni ocultación ni falta de motivación ni defecto de contabilidad». Insistió en que siempre obró «convencido de la legalidad de Ciegsa» y de «todas sus actuaciones»; otra cosa es, ha dicho, «que puedan existir irregularidades puntuales en la gestión de los asuntos, como en otras instituciones, pero ya vino el Síndic de Comptes y dijo que no eran ni graves ni muy graves».

SOBREAUDITADO // Según argumentó, Ciegsa estuvo sobreauditada, sometida a 57 informes de control (15 auditorías, 30 informes de la Intervención General y 12 de la Sindicatura, precisó), una media de cuatro al año, y «en ninguno de ellos» se estableció infracción grave o muy grave que hubiera supuesto la intervención del Tribunal de Cuentas o de la Justicia. Y defendió que nombró al entonces secretario autonómico de Educación Máximo Caturla como consejero delegado de Ciegsa «por su currículo» como gestor». «Nadie se dirigió a él para denunciarle nada», dijo.