El titular del Juzgado de Instrucción 1 de València sigue adelante con la investigación sobre la gestión de la pandemia de la Conselleria de Sanidad, a pesar de la petición de la Fiscalía para que archive la causa. El magistrado José Luis Rubido de la Torre ha solicitado al Colegio de Médicos de la Comunitat Valenciana, en una providencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV, que facilite el «dato estadístico de los sanitarios de todo tipo y facultativos afectados por la covid-19 durante el año 2020». La misma petición dirige a la Organización Médica Colegial de España, sita en Madrid, para que remitan al Juzgado de Instrucción 1 la misma información reclamada al Colegio de Médicos de la Comunitat Valenciana.
En la misma providencia el magistrado Rubido de la Torre también reclama a dos juzgados de lo social de València y Alicante para que le remitan las sentencias dictadas por ambos una al inicio de la pandemia (el 26 de marzo de 2020) y otra más reciente fallada el pasado de 22 de octubre. En ambos casos se trata de dos resoluciones adoptadas tras las denuncias presentadas por la Confederación estatal de sindicatos médicos de la Comunitat Valenciana (CESM-CV). En el primer caso, el Juzgado de lo Social 10 de València dictó un auto de medidas cautelares en el que decidía a fecha del 26 de marzo de 2020 «con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, provea a todos los centros sanitarios (hospitales, centros de salud, SAMU...) de la provincia de València de batas impermeables, mascarillas FPP» y FPP3, gafas de protección, calzas específicas para garantizar la salud y protección de los profesionales sanitarios». La otra resolución que Rubido de la Torre quiere incorporar a la causa es la del Juzgado de lo Social 5 de Alicante que, tras admitir otra demanda del CESM-CV, condenaba a la Conselleria de Sanidad a «suministrar y/o proveer en cantidad y calidad suficiente» de todos los equipos de protección individual (EPI) necesarios a los facultativos sanitarios de esta provincia pertenecientes a dicho sindicato (menos los que trabajan en centros sometidos a la jurisdicción de los partidos judiciales de Elche y Benidorm)».
La resolución del Juzgado de lo Social 5 de Alicante también estableció que «la Conselleria de Sanidad incumplió la normativa sobre prevención de riesgos laborales tras la declaración de emergencia aprobada por la propia administración autonómica el 27 de febrero de 2020 y la posterior declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas».
Un incumplimiento que, según el fallo que ahora reclama el Juzgado de Instrucción 1 de València, generó «un grave riesgo para la seguridad y salud» de estos facultativos «provocando su exposición directa al contagio de la enfermedad infecciosa covid-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2».
Esta segunda sentencia de lo social remitía a los profesionales afectados a la jurisdicción contencioso-administrativa para «solicitar en su caso la responsabilidad patrimonial por un funcionamiento anormal de la Administración, en este caso autonómica».
Esta causa se inició tras la querella presentada por los abogados Juan Carlos Navarro, Eugenio Ponz y Beatriz Larriba. En sus escritos defienden que «la situación era previsible y evitable» desde que «el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional por el coronavirus SARS-CoV-2, y pidió a todos los países una vigilancia activa por lo que «la falta de previsión de la Administración empleadora y su pasividad, en este caso, han sido manifiestas».
Dos altos cargos de Sanidad investigados que no declararon
Por ahora en la causa solo están investigados dos altos cargos de la Conselleria de Sanidad por no facilitar la suficiente equipación a los sanitarios del Hospital General de Alicante al inicio de la pandemia. Se trata del director gerente del Hospital General de Alicante y la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad. Ambos se acogieron, el pasado jueves, a su derecho a no declarar, alegando la petición de archivo que ha solicitado la Fiscalía.
