No todos los turistas pudieron regresar a sus lugares de origen cuando se decretó el estado de alarma por la crisis del coronavirus. El Gobierno de España dio unas jornadas de margen para el cierre de todos los establecimientos turísticos, que se produjo el 28 de marzo. Pero amparó a aquellos negocios que en ese momento tenían alojados a los denominados «clientes de larga estancia», los cuales se vieron atrapados ante los acontecimientos desencadenados por la pandemia de la covid-19. Eso sucedió sobre todo en los cámpings. Muchos campistas, la mayoría extranjeros, no lo tuvieron tan fácil para volver como otros, tras el cierre de fronteras, y haber llegado por carretera con autocaravanas.

Es el caso del complejo Brisamar de Alcossebre, en Alcalà de Xivert, donde hay 24 clientes confinados, británicos, suecos y alemanes. «La Guardia Civil sabe que están dentro, se encuentran bien de salud y por ahora no hay ningún problema», explica el gerente del negocio, Ricardo Vila.

En la Comunitat Valenciana esta situación afecta a 2.618 personas en 76 cámpings (sobre una oferta total de 135), según datos facilitados por la Conselleria de Turismo. Por provincias, en la de Castelló permanecen 327 personas alojadas en 25 establecimientos; en València hay 205 campistas en 19 establecimientos; y la mayoría está en Alicante, con 2.086 personas en 32 recintos.

AGILIDAD // Desde Turisme Comunitat Valenciana agradecen «el esfuerzo realizado por estas empresas para, en un primer momento, desalojar con agilidad sus espacios y, por otro, dar acogida a estos residentes habituales que no podían regresar a sus países».

Todos ellos cumplen la orden de confinamiento, acatando las normas que han dictado las autoridades sanitarias. Comparten una característica y es que la mayoría de los afectados tiene más de 65 años, por lo que son población de riesgo ante el virus.

Algunos atrapados tramitan con sus embajadas la repatriación, pero otros están tan a gusto que siguen sus planes de acabar ahí sus vacaciones, que consisten en pasar prácticamente el invierno, dos, tres e incluso seis meses. Pero los cámpings acogidos a un ERTE se limitan a dar mantenimiento mínimo y han clausurado las instalaciones comunes, como aseos o bar. También facilitan bungalós con baño y ducha y han expedido un permiso para comprar alimentos y medicinas.