Caso por caso. La decisión sobre la posible vuelta al confinamiento de las residencias valencianas en las zonas con más incidencia del virus se tomará de manera individualizada y podrá comportar la restricción de las visitas de familiares, de las salidas de los residentes o de ambas vías de contacto con el exterior, en virtud del criterio que adopten las autoridades sanitarias tras analizar cada situación.
Así lo indicó ayer la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, después de que la consellera de Sanidad avanzara el jueves la decisión de endurecer las medidas de prevención y control en los centros de mayores, de nuevo en el punto de mira por el repunte de casos de la covid-19.
«Como ir al supermercado»
«Las residencias son tan seguras como ir al supermercado o al teatro si se cumplen las normas y los protocolos». Oltra quiso lanzar un mensaje de tranquilidad enfatizando que los centros de mayores afrontan el repunte de la pandemia «en mejores condiciones que en febrero». Sin embargo, la vicepresidenta recordó que la amenaza de contagio sigue siendo tan alta que se ha optado por mantener a las residencias en la fase 3 de la desescalada, la antesala de la llamada «nueva normalidad», hasta que la pandemia se difumine.
La consellera espera poder presentar la semana que viene el nuevo protocolo que reforzará las restricciones en estas instalaciones, con el foco especialmente en limitar las salidas de los complejos. La resolución se ha ido retrasando por la aparición de «novedades» que han obligado a adaptarla.
En cualquier caso, Oltra recalcó que en aquellos departamentos de salud o municipios con una tasa de incidencia notable del virus, se examinará la posibilidad de aprobar resoluciones específicas -en función de los informes epidemiológicos- que podrían conllevar que determinadas residencias retrocedieran a la fase 2, cuando las visitas no estaban permitidas. «En algunas ya podrían restringirse», avisó la consellera ayer a preguntas de los periodistas tras el pleno semanal del Consell, sin concretar casos específicos.
Oltra, no obstante, considera «potencialmente más amenazadoras» las salidas de los centros que las visitas, porque estas últimas «están más controladas, hay distancias de seguridad y habitualmente son al aire libre». «Las salidas entrañan más peligro cuando es en un entorno en el que hay un brote de contagio por encima de la media», apostilló, antes de advertir de que la suspensión de visitas se ha de meditar mucho porque, tras los dos meses de confinamiento, «puede generar un sufrimiento y una sensación de aislamiento que afectivamente es muy complicada» para los residentes de los centros.
La consellera pidió tener en cuenta esta cuestión y llamó a «buscar el equilibrio» entre seguridad y salud, recalcando que la decisión sobre las restricciones «depende de situaciones muy complejas». «No todo es blanco o negro», remachó. Bajo el mismo prisma de extremar el control sobre los centros de mayores y de día, el Consell dio luz verde ayer a un nuevo régimen sancionador que contempla multas de entre 60 y 60.000 euros para aquellas instalaciones vinculadas a los servicios sociales que incumplan las medidas preventivas.
Régimen sancionador
Oltra aseguró que el citado decreto ley no obedece tanto a los incumplimientos detectados en los centros, que se están investigando, como a la necesidad de adaptar la normativa sancionadora con «seguridad jurídica» a la actual situación extraordinaria. La regulación para el ámbito de los servicios sociales sigue los pasos de la orden de sanciones para la población en general aprobada hace dos semanas por el Consell.
De igual modo, las faltas se tipifican como leves, graves o muy graves atendiendo a la gravedad ocasionada o al número de personas a las que pueda afectar. Se castigarán los incumplimientos del aforo del local, de la obligación de informar a las personas residentes, visitantes o usuarias sobre el régimen horario, de la distancia mínima interpersonal y de la obligatoriedad del uso de la mascarilla. También se contempla como falta el incumplimiento de las medidas generales de higiene y prevención adoptadas por la Generalitat, las órdenes de confinamiento decretado o de la medida cautelar de cuarentena, entre otras.
Para imponer las sanciones se tendrá en cuenta la intencionalidad de los hechos, la negligencia, la gravedad en el riesgo para la salud de los usuarios y la existencia de reiteración y reincidencia.
