Mandar obedeciendo es el título del modelo organizativo de partido que Pablo Iglesias defendió en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre 2, en febrero, y que ganó frente a las propuestas de otras corrientes de Podemos. Esta fórmula sostenía que la dirección está sometida a la voluntad de los inscritos. Sin embargo, el desarrollo que la ejecutiva ha hecho este verano de aquel documento y que ha plasmado en unos estatutos ha acabado por desatar una nueva tormenta en el podemismo.
La cúpula parece haber interpretado con cierta creatividad lo aprobado por las bases y ha incluido en los estatutos que los cargos pueden ser inhabilitados entre seis meses y tres años por «transmitir o filtrar» informaciones que puedan perjudicar al partido. El órgano de jueces morado, la comisión de garantías, emitió un dictamen la semana pasada alertando de que estas reglas incumplen lo aprobado por las bases.
«No se trata de una tarea de transposición, sino de legislación nueva e independiente del documento de Vistalegre 2», advierte la resolución impulsada por la presidenta de la comisión, Olga Jiménez, una abogada laboralista sin adscripción a ninguna de las familias del partido. Tras este dictamen, la secretaria técnica del mismo órgano, María del Rosario Rodero, pidió a la ejecutiva que abriera un expediente disciplinario a la presidenta. Considera que Jiménez inició de oficio dictámenes que no cuentan con mayoría en la comisión. La cúpula, contrariada por el informe que tumbaba sus estatutos, ha admitido la queja y ha abierto expediente sancionador a la presidenta por «vulneración del código ético», en una decisión fulminante que ha incendiado los ánimos en Podemos.
Miembros de los comités de garantías autonómicos han mostrado su repulsa por la decisión de Iglesias y han emitido un comunicado de apoyo a la presidenta. Consideran que la dirección intenta con estos estatutos amordazar a los dirigentes y socavar la división de poderes al arrogarse la capacidad sancionadora que pertenece a la Comisión de Garantías.
Dirigentes de este órgano en Cataluña, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y cinco miembros de la comisión de garantías estatal (uno dimitido) advierten de que la decisión de la ejecutiva supone una «usurpación de funciones» contraria a los estatutos, reiteran su respaldo al dictamen que anula las sanciones por filtrar y muestran su «pleno apoyo» a la presidenta.
Ayer mismo, la corriente Profundización Democrática hizo público un comunicado en el que condena la «interferencia y toma de partido» de la ejecutiva. Sostiene que los «cambios drásticos» entre lo aprobado en Vistalegre 2 y los estatutos son «claramente ilegítimos». Critican además que en los nuevos estatutos se hayan incluido rangos de membresía para participar (votar) en los procesos internos, lamentan que se reduzca la autonomía del partido en los territorios y denuncian que se han eliminado «textos relevantes del articulado» aprobado en febrero. En definitiva, las voces contrarias a la decisión sostienen que la cúpula de mayoría pablista ha incluido sanciones que no se votaron, como la de las filtraciones, y ha borrado otras partes.
La críticas van en aumento y trascienden los encuadres por familias moradas. Entre ellas, las de los Anticapitalistas. Un consejero autonómico próximo a esta corriente, Diego Pacheco, se pregunta en Facebook si Iglesias abogó por el Mandar obedeciendo porque «quedaba mejor que Mandar haciendo obedecer».
