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RESOLUCIÓN JUDICIAL

La Audiencia Nacional imputa a Fernández Ordóñez por el 'caso Bankia'

Ordena que declaren los responsables del Banco de España y la CNMV durante la salida a Bolsa de la entidad. Tiene en cuenta los avisos de inspección de que la medida obligaría a nacionalizar la caja

 

Miguel Ángel Fernández Ordóñez. - JOSE LUIS ROCA

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID
13/02/2017

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado citar a declarar como investigados a los responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a bolsa. Entre ellos se encuentran el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez y el expresidente de la CNMV Julio Segura, cuya imputación había sido rechazada por el juez Fernando Andreu, instructor del 'caso Bankia'.

En un auto, los magistrados admiten parcialmente el recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el auto del juez Andreu que rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación por la salida a Bolsa de la entidad financiera. Además de a Fernández Ordóñez y Segura, la Sala acuerda que se cite también como investigados a los responsables del Banco de España Pedro Comín, Mariano Herrera García-Cantauri, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Aríztegui y de la CNMV Fernando Restoy.


ADVERTENCIAS DE INVIABILIDAD

El auto considera procedente la petición de los recurrentes de llamar a declarar a los responsables de ambas entidades, que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y salida a Bolsa y que, según aquellos, la autorizaron "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a Bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)".

La Sala analiza la testifical y los correos electrónicos aportados en la causa del inspector del Banco de España José Antonio Casaus y califica de "razonable" y "razonada" la pretensión de la CIC sobre la base de la existencia en este procedimiento de indicios "múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados". También cita las reuniones que se tuvieron en el Banco de España con, entre otros, quien era presidente de Bancaja, José Luis Olivas.


MÁQUINA DE PERDER DINERO

El auto, del que ha sido ponente la magistrada Clara Bayarri, sostiene que "la jefatura del Banco de España, con carácter previo a la salida a Bolsa, tuvo noticias directas y fehacientes de la inviabilidad del grupo y de la inidoneidad de su salida a Bolsa en la modalidad de doble banco", como consta, gracias a la declaración de Casaus y los cuatro correos de 6 y 8 de abril y de 10 y 16 de mayo de 2011 incorporados a las actuaciones. Ante el juez el inspector llegó a decir que la salida a Bolsa "no solucionaba los problemas del grupo", porque "era una máquina de perder dinero" y que eso "acabaría en pocos meses con la nacionalización del banco".

El correo proponía la búsqueda de un comprador, "pero con un banco único", porque porque "la salida a Bolsa con un banco doble es el primer paso para nacionalizar las pérdidas, algo injusto y contrario a lo que nos pide la norma (velar por un uso eficiente de los recursos públicos)". Proponía, si no había más remedio que la salida a Bolsa con banco doble, pignorar "las acciones de Bankia en poder de BFA a favor del FROB".

Uno de los correos destacaba en varias ocasiones, "en rojo y con grafía reforzada", que "el grupo no era viable". 

Los jueces consideran también que en la fase actual de la instrucción, tal y como sostienen los recurrentes, no es el momento procesal para circunscribir el ámbito del procedimiento a una determinada calificación jurídica de los hechos (posible estafa de inversores del artículo 182 bis, antes de su modificación), como ha realizado el instructor, sino que no procede verificarse hasta finalizada la investigación.

La Sala rechaza, en cambio, rechaza las demás pruebas solicitadas por la CIC, como la solicitud de que se oficie al Banco de España para que aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección corporativa entre José Antonio Casaus y Pedro Comín, al considerarla una diligencia "manifiestamente excesiva".