La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a determinar en un plazo de tres meses las posibles excepciones a las penalizaciones existentes en la pensión para las jubilaciones anticipadas. Otros consensos de esta comisión serán volver a vincular la revalorización de las pensiones al IPC y fijar el cálculo de la misma en 25 años de cotización, a elección del cotizante. El texto está prácticamente cerrado a falta de un último visto bueno la próxima semana y su aprobación definitva está prevista una vez pasada la votación para la moción de censura de Vox, según confirmaron a Europa Press diferentes fuentes parlamentarias.
El texto que presumiblemente consensuará la Comisión, formada por los distintos partidos con representación en el Congreso y presidida por la ex ministra socialista Magdalena Valerio, reclamara al Gobierno una evaluación detallada por colectivos. La Comisión instará a Escrivá a detallar quiénes podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron estas prejubilaciones y a sus carreras de cotización, y quiénes se verá perjudicados por las mismas. Pues varios colectivos de pensionistas y sindicatos alertan de que estas penalizaciones pueden perjudicar especialmente a aquellas personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, pese a haber acumulado largas carreras de cotización.
EL PACTO FINAL, DESPUÉS DE LA MOCIÓN DE CENSURA DE VOX
Esta será una de las recomendaciones que verán la luz en los próximos días, pues según han reconocido varias fuentes a Europa Press, el texto definitivo está prácticamente atado, a falta de tan solo una reunión, fechada para el próximo viernes 23 de octubre, con la previsión de votarlas ya en Comisión cuatro días después, el martes 27. A partir del próximo viernes los grupos están emplazados a trabajar en sus posiciones finales que defenderán, ya sí en público, primero en Comisión y después ante el Pleno de la Cámara.
Entre las principales aportaciones del Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas. Este consistiría en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta el 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social.
Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.
CÁLCULO DE 25 AÑOS, A ELECCIÓN DEL COTIZANTE
Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en el 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión (hasta 25 años en el 2022) pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.
Finalmente, además respaldar medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización, emplazando al Gobierno a identificar en tres meses qué excepciones podrían darse para esas penalizaciones, especialmente cuando la jubilación hubiera sido forzosa por la crisis.
