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Las consecuencias de una crisis santaria

Las pymes españolas buscan oxígeno para poder salir a flote

El colectivo pide que administraciones y grandes empresas inyecten liquidez saldando sus deudas. La plataforma antimorosidad exige el pago de 130.000 millones en facturas fuera del plazo legal

 

El estado de alarma ha provocado el cierre de los negocios en toda España. - JOAN CORTADELLAS

AGUSTÍ SALA
19/04/2020

«No podemos pedir a las empresas que se endeuden cuando su dinero lo tienen las administraciones públicas y, muchas veces, sus clientes». Esta afirmación de Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), refleja el sentir de las pymes ante la propuesta de créditos avalados por el Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para paliar su mayor problema por la caída de ingresos durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus: la falta de liquidez.

La solución, a juicio de esta organización, que representa a más de un millón de pymes y autónomos, sería fácil y sin costes, que las administraciones y muchas de las grandes compañías que cotizan en la bolsa pagaran los más de 130.000 millones de euros que les adeudan con facturas fuera de los 30 días de plazo legal para el sector público y 60 para el privado, según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda y de las empresas en bolsa.

La plataforma propone al Gobierno un real decreto que obligue a las administraciones y a las grandes compañías a saldar esas facturas, lo que constituiría una importante inyección de liquidez. Otra iniciativa consiste en reformar la ley de estabilidad presupuestaria para liberar 12.000 millones de remanente que tienen los ayuntamientos en los bancos y que no pueden emplear, aunque quieran pagar en plazo, para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria.

OBLIGAR A PAGAR / Al final, recuerda la plataforma, hay una deuda que el Estado tiene que pagar y «ahora sería el momento». «Es como un banco de sangre con facturas pendientes (8.700 millones que pasan de los 30 días) y 122.000 millones de las grandes empresas y el remanente de los municipios que inyectaría liquidez a las empresas», sentencia Cañete.

En estos momentos una solución de este tipo sería como dar de beber al sediento, oxígeno al que se asfixia o sangre al que se desangra, afirman. Y en lugar de tomar medidas de este tipo que, a su juicio «salvarían a muchas empresas», invitan a recurrir al crédito. «Me deben dinero y tengo que pedir prestado al 4% o más», resumen. Un caso real refleja mejor la situación. Es el de Jordi Dalmau, director general de Solutioma, una empresa dedicada a la contención de desprendimientos de rocas en infraestructuras y la estabilización de terrenos. En la actualidad entre las administraciones y constructoras medianas y grandes tiene unos dos millones de euros en facturas pendientes de cobro, lo que supone un tercio de su facturación.

Y en esa parte no se contabiliza el confirming. Mediante este sistema, que consiste en ceder a una entidad financiera la gestión del pago a proveedores, que pueden cobrar antes del plazo legal a cambio de unos intereses y comisiones que en muchos casos los grandes contratistas, por su poder de negociación, fuerzan a los subcontratistas a pagar.

Dalmau, que es también presidente de la Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes (AEEET), afirma que las firmas de la entidad que preside han llevado a cabo trabajos por 15 millones en los últimos tres meses y aún les deben 13,5 entre las administraciones y las constructoras. De los 60 millones que facturan todos los asociados solo cobran un 30% en los plazos que establece la ley 15/2010.

SANCIONES / A su juicio, esta irregularidad solo se puede solventar con un régimen sancionador de la ley antimorosidad, pendiente desde hace años, y aplicando «la opción de pago directo por parte de la administración a los contratistas», subraya, cosa que permite la ley de contratos públicos y las directivas europeas.

Como la mayoría de pymes y autónomos afirma, además, que los préstamos avalados por el ICO tardan en conseguirse, al menos para las pymes. «Hacia finales de marzo lo solicitamos en el banco, que lo concedió, pero sigue pendiente del ICO», destaca.

El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad recuerda la necesidad de que los ayuntamientos puedan emplear sus excedentes. De hecho, el Gobierno ya se ha fijado en el supéravit de casi 30.000 millones que acumulan los entes locales en los últimos ocho años para financiar los costes derivados de la pandemia del coronavirus.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha mostrado su preocupación por la pérdida de más de 85.690 pymes en marzo por la crisis del covid-19. En concreto, en el mes de marzo, el número de pymes cayó un 3% en comparación con el mes anterior, por lo que el total de pequeñas y medianas empresas totalizó los 2,8 millones. Según Cepyme, esta caída se concentra en las empresas con asalariados, que a finales de marzo eran más de 1,2 millones de compañías, un 6,4% menos que el mes anterior.