La revuelta de la práctica totalidad de las comunidades autónomas (ya sean gobernadas por el PP, el PSOE u otras formaciones) por la liquidación del IVA llegará este viernes a la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en forma, sobre todo, de múltiples amenazas de llevar a Hacienda a los tribunales para exigir un total de 2.500 millones de euros.
El gobierno autonómico de Madrid (PP) ya presentó un recurso en la Audiencia Nacional el año pasado, para reclamar 377 millones pendientes del 2017. Galicia, Andalucía y Murcia (todas ellas del PP) han acordado llevar sus exigencias a los tribunales. También Castilla-La Mancha (PSOE) ya ha puesto en marcha el recurso y Aragón (PSOE) está dispuestos a hacerlo. Castilla y León (PP) no lo descarta, lo mismo que y Baleares y Asturias (PSOE). Desde el gobierno de La Rioja (PSOE) se aboga por reinvindicar el IVA desde el "diálogo" frente a la vía judicial. Lo mismo que Extremadura que, en función de la respuesta que dé la ministra en el CPFF, optará "por la vía jurídica oportuna". Cantabria (PRC) también se mantiene a la expectativa, mientras que el presidentede Valencia, Ximo Puig (PSOE), se muestra seguro de que Sánchez "va a cumplir sus compromisos".
Medidas paliativas
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha venido haciendo caso omiso de las amenazas de recursos. "Soy una roca para las amenazas" declaró este miércoles en Antena 3. También se ha mostrado refractaria a la urgencia que exigen los gobiernos autonomicos para recibir las cantidades pendientes, con el argumento de que el desfase se corregirá en el momento en el que el Gobierno pueda aprobar unos nuevos Presupuestos del Estado para el 2020. No obstante, la propia Montero ha acabado admitiendo que llevará a la reunión del CPFF "medidas paliativas" para corregir en alguna medida (no en su totalidad, aclaran fuentes oficiales) las tensiones de tesorería provocadas por este desfase.
"No estamos para sedación ni para controlar los síntomas, lo que queremos es que nos curen la enfermedad que nos deben", advirtió este jueves el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Castilla y León, Francisco Igea (Ciudadanos).
Un problema heredado
Estos días, la ministra no ha dejado de reiterar que el desfase de un mes en la liquidación del IVA a las comunidades autónomas es un problema que generó su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro (PP), cuando implantó el nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA para grandes empresas que entró en vigor en julio del 2017. El cambio provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente, 2018. De esta forma, la liquidación del ejercicio 2017, que se realizó a los dos años, en 2019, fue solo de once meses. Y desde entonce se arrastra este desfase de un mes.
Según la ministra, el problema pudo haber quedado resuelto el año pasado, si hubiera salido adelante el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2019 que tumbó el Congreso de los Diputados en febrero pasado. Desde el PP se intuye que Hacienda podría estar haciendo uso de este argumento para forzar mayores apoyos a favor del proyecto de Presupuestos para el 2020 que el Gobierno querría ver aprobados antes del verano.
De momento, el enfado es enorme en las comunidades autónomas y sus responsables de Finanzas llegan dispuesto a dejarlo claro en la reunión del CPFF cuyo motivo principal de convocatoria es otro; en concreto, Hacienda ha citado a las autonomías para informar sobre los nuevos objetivos de déficit y deuda hasta el 2023 un trámite imprescindible para que cada administración -también, el Estado- pueda confeccionar sus Presupuestos de este año. El vicepresidente y consejero de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha avanzado que no acudirá a la cita, si bien Hacienda espera que participe algún otro representante de la Generalitat.
