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Relaciones laborales

El Superior de Justicia de Madrid falla en bloque contra Glovo: sus 'riders' son falsos autónomos

Los magistrados madrileños unifican su criterio y consideran que los repartidores de la plataforma debieran ser asalariados

 

Repartidor de Glovo pedaleando por Sagrada Familia. - FERRAN NADEU

GABRIEL UBIETO
29/11/2019

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha unificado su criterio y ha dictaminado por unanimidad que los repartidores de la plataforma Glovo operan como falsos autónomos. Así lo refleja en una sentencia conocida este viernes, que ha avanzado eldiario.es. Los magistrados madrileños fallan en el caso de un 'rider' que demandó a la compañía y le reconocen que su relación debiera ser de asalariado. Por ello condenan a Glovo a readmitir al repartidor, pagándole los sueldos de tramitización, o a pagarle una indemnización de 2.426,7 euros.

Con este ya son 11 los dictámenes judiciales que censuran el modelo organizativo de esta empresa digital de reparto, que se basa en trabajadores autónomos para distribuir los pedidos. Frente a ocho favorables. El fallo del alto tribunal madrileño conocido este viernes, aunque fechado del 27 de noviembre, es el segundo relacionado con un repartidor de Glovo. Los dos han sido contrarios a la compañía y favorables a la laboralidad de la relación. No obstante, la principal diferencia es que el primero acabó dictando sentencia con el voto dividido y este segundo ha sido unánime.

Glovo, al igual que otras plataformas digitales con un modelo organizativo similar como Deliveroo, está librando una batalla legal por los juzgados de toda España para validar o no su sistema laboral. El contador de sentencias le es hasta ahora desfavorable, con 11 fallos contrarios versus ocho favorables. El veredicto final sobre deberá esperar hasta que uno de estos casos llegue al Tribunal Supremo, que será el que unifique doctrina al respecto.

La Inspección de Trabajo, por su parte, lo tiene claro y ha levantado actas en Barcelona, Madrid, Valencia o Granada por valor de alrededor de 12 millones de euros en concepto de cuotas no pagadas a la Seguridad Social. Unos pagos que han sido recurridos por la empresa y que están pendientes de ser o no descongelados según dictaminen los jueces.

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