Uno de los mejores baremos para averiguar hacia dónde soplan los vientos en Washington está en la calle K, la avenida donde se concentra el poder en la sombra de la ciudad. Sus edificios cuadriculados albergan muchos de los grandes despachos de lobis y laboratorios de ideas donde se cocinan las políticas del país. Durante mucho tiempo los gigantes tecnológicos se mantuvieron alejados de allí, como si no quisieran contaminarse por la incestuosa relación entre la clase política y los lobis. «Acabaron lamentándolo», dice a este diario la directora legal de la Electronic Frontier Foundation, Corynne McSherry. «Cuando Washington empezó a investigarlos, se dieron cuenta de que se estaban tomando decisiones sin que ellos estuvieran en la mesa», agrega.

Aquella epifanía ha transformado la calle K en cinco años. Ya no mandan los bancos o las farmacéuticas, sino Google, Facebook, Amazon o Apple, que están desplegando todo su poder para frenar la ofensiva regulatoria.

DINERO PARA INFLUIR / Entre las cuatro se gastaron en lobis 50 millones de euros en el 2018 para influenciar al Congreso y las agencias regulatorias, más del doble de lo que invirtieron en el 2016, según el Center For Responsive Politics.

«Cuando tienen que hablar con los republicanos, los multimillonarios de Silicon Valley son libertarios amigos de la desregulación y los bajos impuestos; cuando se dirigen a los demócratas, son activistas hípster preocupados por los derechos gays y de la marihuana», dijo a The Guardian el profesor de la Universidad de Illinois Robert McChesney.

De los 238 lobistas contratados actualmente por los cuatro mastodontes de Silicon Valley, el 75% trabajaron antes para el Gobierno o alguna campaña política, según The New York Times, un ejemplo de manual de las llamadas puertas giratorias.

Pero la lluvia de millones sobre la calle K no les ha servido hasta ahora para frenar el aluvión de investigaciones a las que se enfrentan. Nada menos que 16, que abarcan desde posibles prácticas monopolísticas a violaciones de la privacidad.

Dos de ellas las ha abierto el Congreso, a las que hay que sumar las de varias agencias estatales como el Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comercio. Otras son estatales, como la lanzada por los fiscales generales de 48 estados contra Google por el control que ejerce sobre la publicidad digital y las dimensiones monopolísticas de la compañía.

«Deberían estar muy preocupadas», dice McSherry, la experta legal. «La realidad es que cinco o seis compañías han pasado a tener un poder extraordinario sobre nuestros datos, el comercio electrónico o nuestra capacidad de comunicarnos y organizarnos. Hemos dejado que se hicieran muy grandes sin apenas contrapesos». Y no solo debería preocuparles la variedad de estamentos que van detrás de ellas. Silicon Valley ha conseguido poner de acuerdo a republicanos y demócratas, algo que raramente sucede. Aunque los primeros las acusan de tener un sesgo progresista que supuestamente privilegia las voces de la izquierda, todos en cambio sí que están de acuerdo en que se han hecho tan gigantescas que amenazan la libre competencia y son un obstáculo para innovar.

LA UE / Hasta ahora Silicon Valley solo estaba acostumbrada a que la Unión Europea le buscara las cosquillas. Varias de sus empresas han pagado allí multas multimillonarias. Pero ahora enfrenta su amenaza más directa. «Todo empezó a cambiar en las elecciones del 2016. Los repetidos escándalos sobre la privacidad y la desinformación en las redes hicieron que Washington se replanteara su actitud y empezara a hacer preguntas serias», dice McSherry. «Y fue entonces cuando muchos políticos empezaron a asustarse», añade esta experta legal.

A través de Google y sus subsidiarias se realizan más del 90% de las búsquedas globales. La mitad de las compras digitales en Estados Unidos pasan por Amazon. Y Facebook y Amazon acaparan el 60% de los ingresos por publicidad digital, uno de los motivos que está hundiendo a los medios tradicionales.

La situación es tan drástica como alguna de las soluciones propuestas. La senadora y candidata demócrata, Elisabeth Warren, ha propuesto, por ejemplo, trocear a los gigantes tecnológicos, como se hizo en su día con los monopolios de Standard Oil o AT&T. Y no está sola.