Cuatro días después de las elecciones municipales, y tras una ejecutiva local, Compromís reunió ayer a sus bases de Castelló en una asamblea que marcó la hoja de ruta de la coalición para afrontar la nueva legislatura, que pasa por intentar reeditar el Pacte del Grau con PSPV y Podem-CSeM-EU. Un pacto que consideran imprescindible para «continuar con las políticas de progreso», calificando el hipotético acuerdo entre PSPV y Ciudadanos que también estaría sobre la mesa de los socialistas como «incompatible» con este tipo de políticas, ya que la formación naranja es, para Compromís, «un partido que permitirá que la extrema derecha gobierne la ciudad de Madrid y permite que ésta apoye al gobierno autonómico andaluz».
A la espera de la llamada del PSPV con el que han gobernado estos últimos cuatro años, y que ha salido reforzado de las urnas con 10 ediles hasta el punto de tener varias opciones para gobernar -en solitario, con otro Pacte del Grau o con Ciudadanos-, Compromís -que ha perdido fuerza con un concejal menos- toma la iniciativa con el tercer socio -Podem-CSeM-EU-, que es el que más debilitado ha quedado tras el 26-M, perdiendo la mitad de peso, al pasar de cuatro a dos ediles.
Así, la asamblea de anoche acordó que se inicie una ronda de contactos en los próximos días con Podem-CSeM-EU. Para empezar a negociar -a sabiendas de que las riendas del nuevo gobierno las tienen los socialistas- nombraron a un grupo negociador formado por la concejala Verònica Ruiz y por los asesores del partido Joan Antoni Ginés, Pau Sancho y Núria Balaguer.
La asamblea local ratificó así la decisión de la ejecutiva local celebrada el martes de continuar trabajando por las políticas progresistas en Castelló, que han puesto a las personas en el centro y han conseguido mejorar la vida de los y las castellonenses. El objetivo del equipo negociador es, según Compromís, «tratar que las políticas de progreso continúen en la ciudad de Castelló y cómo llevar a cabo este objetivo».
En la reunión también se hizo balance de los resultados electorales, que se traducen en una pérdida de apoyos para la formación, al pasar de cuatro a tres ediles. Son el candidato, Ignasi Garcia, además de Verònica Ruiz y Ali Brancal, que no podría asumir competencias al estar investigada y en cumplimiento del código de buen gobierno, por el que fue cesada de sus funciones.
EL CESE DE BRANCAL // Sobres su situación reflexionó ayer Brancal en redes, diciendo que no cobra desde enero, que no se ha quedado «ni por la poltrona ni por el dinero, sino a trabajar» y que ahora «estamos en otro momento».
