El debate sobre la responsabilidad patrimonial de los partidos políticos ante los posibles casos de corrupción que afectan a los representantes que han nombrado lo puso ayer sobre la mesa el director de la Agencia contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, quien dijo que la responsabilidad patrimonial es una cuestión que ya existe, por ejemplo, en el ámbito de la empresa, puesto que cuando un directivo se aprovecha de su estructura para cometer una estafa o se ve inmerso en una acción criminal la mercantil tiene responsabilidad directa en los actos del empleado.
LA IDEA // El director de la agencia defiende poder incorporar también a la responsabilidad de los partidos sobre sus cargos.
Llinares considera necesario que se legisle para que las organizaciones que aceptan situar en puestos de responsabilidad a políticos que después se ven inmersos en casos de corrupción tengan por ello una responsabilidad que afecte incluso a su patrimonio. En ese caso se debería incluir esta opción en el Código Penal, según sostiene el experto. En su opinión, ello obligaría a las formaciones a introducir mecanismos para mejorar la selección de las personas a las que van a situar en cargos de responsabilidad.
También facilitaría recuperar hasta el último céntimo, ya que se podría actuar contra los activos de las estructuras que se benefician. Y esa responsabilidad afectaría no solo a los partidos políticos, sino a sus organizaciones satélites, como entidades participadas por las propias formaciones, como fundaciones o sindicatos vinculados a partidos que funcionan como correa de transmisión u otros entes dependientes de estos. Ahora la única responsabilidad se produce cuando llega un dinero a las arcas de los partidos y se puede acreditar.
