Cuando la calle se calienta, el Gobierno suele quedarse helado. Las manifestaciones asustan a cualquier dirigente en el poder casi con la misma fuerza que, cuando están en la oposición, jalean. Es lo que le ocurre al PP desde que arrancó el nuevo año. Primero fueron las mujeres, con un sorprendente y multitudinario 8 de marzo que el Ejecutivo no supo prever; luego los pensionistas, que pretenden seguir en las calles hasta que sus peticiones sean atendidas; y al calor de estos últimos, la marea sanitaria, la educativa o incluso la de los funcionarios del Estado que, tras la estela de policías y guardias civiles, amenazan con tomar las plazas como forma de presionar al Ejecutivo.
Solo una de las manifestaciones más recientes el Gobierno no solo la ha aplaudido, sino que la ha secundado: la de familiares de víctimas que piden que no se derogue la prisión permanente revisable. El PP ha estado presente en concentraciones y el presidente, Mariano Rajoy, ha reclamado incluso a las fuerzas políticas de la oposición que «escuchen y tengan sensibilidad con la gente». Porque en este caso sus reivindicaciones coinciden con la postura política de los populares.
LOS JUBILADOS // Los pensionistas, sin embargo, no han tenido tanta suerte. Cientos de ellos siguen saliendo cada semana a manifestarse contra la subida del 0,25% de sus pensiones y ni siquiera el anuncio del Gobierno de algunas mejoras ha frenado las concentraciones. Rajoy tranquilizaba a los suyos mientras insistía en que los jubilados son «personas que no deben ser utilizadas por nadie en ningún debate», y su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, culpó a PSOE y Podemos de «engañar a la gente sacándola a la calle con pancartas que no sirven para absolutamente nada». El Gobierno sostiene que quien jalea a los pensionistas es la oposición, a la que acusa de utilizarlos para sus intereses partidistas. «Mi partido es el que moviliza todas las manifestaciones, el que respalda, moviliza y las llena». Quien pronunciaba estas palabras en el 2006 era Rajoy en una entrevista en la COPE. Con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, era habitual ver a dirigentes del PP tras las pancartas en manifestaciones contra su política antiterrorista, la reforma de la ley del aborto, el matrimonio homosexual o la derogación del trasvase del Ebro.
También en el 2005, frente a la Puerta del Sol, Rajoy congregó a sus militantes para protestar contra el Estatut de Catalunya y en defensa de la unidad de España. Entre las proclamas que se corearon figuraban «¡España merece otro presidente!». En el 2007, Rajoy convocó a «todos los españoles de bien» a una manifestación contra las «cesiones» del Gobierno a ETA. «Esta convocatoria, que la hago como presidente del PP, la hago llegar a todos los españoles», dijo en la sede nacional del partido, en la calle Génova.
LOS INDIGNADOS // D Pero la buena sintonía con el pulso de la calle cambió cuando llegó al Gobierno. En el 2012, con Rajoy a punto de cumplir su primer año en la Moncloa, los indignados continuaron rodeando el Congreso. Entonces el presidente pidió desde la ONU «un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiestan». «Esa inmensa mayoría está trabajando, el que puede, dando lo mejor de sí para lograr ese objetivo nacional que nos compete a todos, que es salir de esta crisis», dijo entonces. Rajoy despreciaba la calle con el argumento de que los que no salían defendían las políticas del Gobierno, mientras el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se resistía a darle la razón: nueve de cada 10 ciudadanos calificaban su gestión entre muy mala y regular.
Ese año marcó un hito para las protestas, que se multiplicaron por dos con respecto al año anterior. Esperanza Aguirre acusaba al PSOE de pretender con «algaradas callejeras» ganar lo que no había ganado en las urnas. La protestas aumentaron en el 2013 y a partir del 2014 empezaron a descender. La aparición de dos partidos nuevos contribuyó a que se apagaran las calles.
Ha sido uno de esos dos nuevos partidos, Podemos, quien ha avisado de que la de este año será una «primavera de movilizaciones». El secretario de organización, Pablo Echenique, pidió que «la batalla se dé en la calle». Los socialistas hablan ya de «levantamiento social» y, en palabras de Pedro Sánchez, advierten al Gobierno de que «si la recuperación económica no llega a la calle, lo que hace la calle es salir a reclamarla». Ahora, el Gobierno se debate entre mantenerse inmóvil a la espera de que amaine el temporal o tratar de seducir mediante cesiones a quienes protestan.
El problema para el presidente es que tras los pensionistas vendrán los médicos, que ya preparan movilizaciones masivas en defensa del sistema público. Y los estudiantes, que han visto en sus «abuelos» un espejo en el que mirarse. También los funcionarios del Estado, a quienes la equiparación salarial que el Gobierno ha prometido en los presupuestos a policías y guardias civiles ha dado alas para pedir en las calles lo mismo para ellos. Los últimos han sido los funcionarios de Justicia, que llevan más de diez años con el salario congelado.
