El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se prodiga en respuestas al Gobierno. Lo hizo en el 2015 con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y en el 2017, con el de Justicia, Rafael Catalá: al primero, por criticar la excarcelación del etarra Santi Potros y al segundo, tras haber atacado a uno de los jueces del caso de La manada. El nuevo Gobierno solo ha necesitado tres días para recibir un tirón de orejas de la Comisión Permanente del CGPJ.
El origen de la polémica fueron unas palabras, en una entrevista en Antena 3, del vicepresidente segundo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pablo Iglesias aseguró el martes por la noche que la Justicia española ha sido humillada por los tribunales europeos tras haber reconocido la inmunidad del presidente de ERC, Oriol Junqueras.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y los siete vocales de la Permanente -tres de ellos elegidos a propuesta del PSOE-, apelaron, en una declaración institucional, a «la moderación y prudencia». Y pidieron «responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» del CGPJ.
RENOVACIÓN PENDIENTE / El Ejecutivo salió a respaldar a su socio y, en una breve declaración, apeló al consenso parlamentario para renovar los órganos judiciales, informa Iolanda Mármol. «Es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y contribuir a poner al día sus órganos de gobierno, evitando que su acción se resienta por el bloqueo. En esa actitud de diálogo, dentro del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la crítica, tal y como reconoce el CGPJ en su comunicado, es donde está el gobierno y donde pedimos que también esté la oposición».
En respuesta a esta declaración, fuentes del CGPJ recuerdan que «el Consejo no es ningún obstáculo para su propia renovación y que el presidente se ha dirigido hasta en tres ocasiones -la última el pasado 23 de diciembre- a los presidentes de Congreso y Senado instándoles a que se pongan a ello».
En su declaración institucional, la Permanente «considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado social y democrático de derecho».
Ello «incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos a los que se subordina la jurisdicción española», como una garantía más de los ciudadanos.
Explica que solo ha habido dos resoluciones europeas relativas al procés. Una es la sentencia del TJUE que, en respuesta al Supremo español, estableció que la inmunidad de los europarlamentarios comienza cuando son elegidos. Para cumplirla, el alto tribunal comunicó al Parlamento Europeo la inhabilitación del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y solicitó suspender la de los huidos Carles Puigdemont y Toni Comín.
La otra fue del TEDH al confirmar la decisión del Constitucional de suspender el pleno del Parlament de 9 de octubre de 2017. Declaró la suspensión «necesaria en una sociedad democrática» para «el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás».
Añade que ninguno de las euroórdenes cursadas ha tenido una respuesta definitiva ni por parte de Bélgica en el caso de Puigdemont y Comín, ni de Escocia, en el de Clara Ponsatí. Solo el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, entregar a Puigdemont por rebelión, aunque sí por malversación.
La declaración ha sido suscrita por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y por todos los vocales de su Comisión Permanente: Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo.
