El Gobierno declaró el lunes personas no gratas a tres diplomáticos bolivianos acreditados en España para que salgan del país en un plazo de 72 horas, «en reciprocidad al gesto hostil» del Ejecutivo interino boliviano de echar a la delegación que se vio envuelta en un incidente en la embajada de México en Bolivia.
Así respondió el Ministerio de Asuntos Exteriores a la expulsión de los diplomáticos españoles Cristina Borreguero, Álvaro Fernández y un grupo de policías, a los que se ha dado otras 72 horas de plazo para abandonar Bolivia tras el enigmático incidente ocurrido durante una visita a unos asilados bolivianos en la embajada mexicana en La Paz.
Presidencia del Gobierno explicó que tras esta declaración, los diplomáticos bolivianos afincados en Madrid tienen 72 horas para salir de España. Se trata del encargado de Negocios de la embajada boliviana, Luis Quispe, el agregado militar Marcelo Vargas y el agregado policial Orso Fernando Oblitas. España exige al Gobierno interino de Bolivia que «reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación» entre ambos países.
Paralelamente, «rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos» de Bolivia y aclara que «cualquier afirmación en este sentido» constituye «una calumnia dirigida a dañar» las relaciones bilaterales entre ambos países «con falsas teorías conspiratorias».
CERCANA RELACIÓN / «La relación entre nuestros dos países se basa en el mutuo respeto a nuestras instituciones democráticas y esta será siempre la referencia en nuestras actuaciones», añade el Ejecutivo en funciones. Por ello, manifiesta su deseo de «seguir manteniendo unas relaciones estrechas de amistad y solidaridad» con el país andino «con pleno apoyo a que su voluntad democrática se exprese por los cauces legítimamente establecidos». La Oficina de Información Diplomática precisa que, tras la expulsión de los diplomáticos españoles, será el canciller el que quedará encargado de los asuntos corrientes de la misión.
Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, ha matizado que la decisión de su Gobierno de declarar personas no gratas a diplomáticos de España y México no implica una ruptura de las relaciones con esos países: «No implica de ninguna manera ruptura de relaciones diplomáticas, sino exige al Estado acreditante, en este caso México y España, que acrediten nuevos funcionarios para remplazar a estos que violaron la soberanía e irrespetaron las normas bolivianas».
polémica visita / El conflicto estalló el sábado, después de que Longaric presentara una queja ante el Ministerio de Asuntos Exteriores por un incidente que, según aseguró, fue provocado por funcionarios españoles que acudieron acompañados de «encapuchados» y «presumiblemente armados» a la residencia de la embajadora de México, una zona en la que las protestas contra Evo Morales son especialmente intensas.
La encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, acudió a primera hora de la mañana del viernes a la embajada de México, en lo que el Gobierno español ha definido «visita de cortesía», después de que el país azteca hubiera denunciado un incremento de la presencia policial boliviana en torno a la residencia de Mercado y la propia Embajada en días anteriores, desencadenando un cruce de reproches entre los dos países.
La visita fue vista por algunos sectores en el país andino como un intento de sacar de allí a los asilados políticos, algo que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español se ha descartado rotundamente. La policía boliviana impidió el acceso de los automóviles a la urbanización. Finalmente, en una llamada, la Cancillería boliviana dijo a Borreguero que debían recorrer la distancia entre la embajada y el vallado exterior a pie. La diplomática y el cónsul se negaron a hacer la caminata sin protección de sus escoltas. Finalmente, el ministerio de Longaric ofreció un coche.
