La defensa de los dirigentes independentistas que serán juzgados en el Tribunal Supremo tienen un denominador común: los procesados no han cometido ningún delito, no existió ni se incitó a la violencia y las movilizaciones fueron pacíficas y actuaron de forma democrática por la falta de diálogo del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero a partir de ahí, cada abogado ha trazado su propio camino. Los escritos presentados revelan estrategias diferentes y con múltiples matices entre los 12 líderes soberanistas.

Hay abogados que plantean un juicio con una fuerte carga política, al entender que el tribunal ya tiene en mente la condena, y apuestan por la justicia europea. Este grupo de juristas denuncia la vulneración de derechos fundamentales y el ataque y represión por parte del Estado español hacia el independentismo.

«Anhelar la independencia no es delito», sostiene en su escrito la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien, a su vez, se desvincula de la organización del 1-O y de la aprobación de la DUI, que llegó a petición de los grupos. En su escrito, incide en que la causa busca «criminalizar» a la que fuera máxima responsable de la Cámara catalana «exclusivamente» por haber presidido la ANC, pese a que, en el ejercicio de su cargo, «jamás participó, ni pudo participar» en la toma y ejecución de decisiones adoptadas por el gobierno de Puigdemont.

A esa criminalización, pero del movimiento independentista en general, se refiere el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. A su juicio, las pruebas recopiladas por el juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O «no son otra cosa» que el fruto de unas pesquisas «instrumentalizadas a los fines de la criminalización de los independentistas catalanes», una «causa general». Recalca que «votar nunca puede ser delito» y que se ha producido un «frontal desprecio de los derechos fundamentales».

Las alusiones a la naturaleza política del proceso judicial y a la supuesta vulneración de derechos son una constante.

la fórmula mixta / La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull combina trazos políticos con la batalla jurídica. En sus escritos recogen la siguiente expresión: «Los ciudadanos presuntamente rebeldes o sediciosos blandieron por mayor arma un simple papel para depositar en una urna y al acabar la votación regresan pacíficamente a sus casas». Precisan que no existió alzamiento violento o tumultuoso y critica la «violencia policial desproporcionada» durante el 1-O.

Las apreciaciones de Joaquim Forn son algo distintas y tienen un aroma menos político. En su escrito detalla que no participó «en el diseño del operativo policial» del 1-O, «ni interfirió en el mismo desde el punto de vista político». Eso sí, hace piña con el resto de acusados y admite que, en sintonía con la voluntad de su partido, del Gobierno del que formó parte, y de sus electores, impulsó «un proceso tendente a la consecución de la independencia por medios pacíficos».

Los argumentos de Santi Vila son distintos. Sostiene que su «posicionamiento político» siempre ha sido contrario a «estrategias unilaterales». Y la exconsejera Meritxell Borràs aduce que el 1-O ya no tenía las competencias en procesos electorales.