Viernes 8 de febrero. El Gobierno de Pedro Sánchez rompió formalmente la negociación política que mantenía abierta con la Generalitat. De fondo, el intento de los socialistas de poder tramitar los Presupuestos para alargar la legislatura, además de rebajar la tensión en torno a la crisis catalana. Al otro lado, la negativa de sus interlocutores a dar aire a las cuentas públicas si no se incluía en la agenda el derecho a la autodeterminación. Resultado: ruptura y convocatoria de elecciones. Tsunami político mientras se celebra un juicio histórico en el Tribunal Supremo contra los protagonistas del procés. ¿Significa eso que se han cerrado todas las puertas entre el Ejecutivo central y el Govern? No, según se desprende del hecho que desde aquel viernes convulso de febrero se hayan producido tres reuniones bilaterales entre ambas administraciones. Y que el grupo parlamentario del PSOE mantenga contactos con los soberanistas porque quiere su apoyo para algunos decretos ley que, apurando, pretende aprobar en Diputación Permanente una vez se disuelvan las Cortes el 5 de marzo.
MANTENER LA «NORMALIDAD» / Fuentes gubernamentales confirmaron a este diario que la decisión es mantener la «normalidad institucional», en lo posible, hasta el último respiro de la legislatura, por encima de los mensajes o dardos dialécticos que puedan lanzarse desde ya mismo los partidos en tiempos de precampaña. En este contexto se explican las reuniones mantenidas recientemente por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con el conseller de Territorio, Damià Calvet (tras el accidente en Castellgalí) o las de la responsable de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, con el ministro Pedro Duque en Barcelona y con la titular de Industria, Reyes Maroto, el pasado viernes en Madrid para tratar del desbloqueo de leyes impugnadas o elecciones en Cámaras de Comercio, entre otras cuestiones.
Las bilaterales, por tanto, siguen vivas y no está descartado que se celebren más hasta que el equipo de Sánchez se quite el uniforme gubernamental para ponerse el de campaña electoral. Además, hasta la víspera de que se coloquen las urnas el 28-A, el Consejo de Ministros tiene capacidad legal de seguir aprobando medidas, decretos y decretos leyes que podrían ser aprobados in extremis en la Diputación Permanente cuando las Cámaras estén disueltas. Para lograrlo, los socialistas tendrán que buscar la complicidad de otros grupos, también los catalanes, en tiempo de descuento y a las puertas de las generales. Conviene recordar que los independentistas concurren a esa cita y no darán excesivas facilidades al PSOE. Podemos muestra asimismo alguna reticencia a ese plan de aprovechar los réditos del poder Ejecutivo y legislativo hasta el último minuto para según qué cosas.
Es obvio que si el gabinete socialista opta por sobrepasar la barrera del 1 marzo -fecha del último Consejo de Ministros previsto antes de que se cierren las Cortes, que se espera potente en contenidos- y utiliza los siguientes para aprobar iniciativas de calado en vez de medidas de estricta urgencia provocará, sin duda, las críticas de buena parte de la oposición, que se quejará de estar en desventaja. Pero el PSOE alega que es legal y parece tener asumido ese desgaste y calculado el beneficio a obtener por abrir ciertos debates y por no parar la maquinaria gubernamental y parlamentaria hasta las elecciones.
Solo con esa decisión ya adoptada es creíble que el Gobierno de Sánchez pueda intentar sacar adelante, como sostiene que hará, decretos leyes referidos al subsidio para parados mayores del 52 años y la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, así como un paquete de modificaciones en la legislación laboral que lleva meses diseñando en el Congreso con los exconvergentes. Una importante oferta de empleo público pretende ser aprobada en semanas.
En este mismo paquete de deberes de última hora el Ejecutivo incluye un decreto ley sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, al que dan especial relevancia ante el 8-M.
